Este lunes se celebrará una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que, además de una dura resolución, podría votarse la convocatoria de una reunión de cancilleres para evaluar si ha llegado el momento de iniciar el proceso de la Carta Democrática, que va desde las gestiones diplomáticas hasta la suspensión. La reunión tiene como objeto evaluar "los recientes eventos" en Venezuela, es decir, las decisiones del Tribunal Supremo de asumir las facultades de la Asamblea y limitar la inmunidad parlamentaria.
Este sábado, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, anunció que los cancilleres americanos se reunirán esta semana en la OEA para "tomar una posición sobre la Carta Interamericana". Fuentes diplomáticas explicaron que se ha acordado que sean los cancilleres, y no los embajadores en la OEA, los que voten la aplicación de la Carta a Venezuela.
Tanto para convocar la reunión de cancilleres como para que se inicie el proceso de la Carta son necesarios 18 votos, la mayoría simple de los 35 Estados miembros.
La Carta es un instrumento jurídico creado por unanimidad en 2001 como garante de la democracia en la región e incluye en su artículo 20 un proceso gradual de gestiones diplomáticas "para promover la normalización de la institucionalidad democrática" en el Estado afectado que, de fracasar, podría llevar a la suspensión del ente. Por el momento, el grupo de alrededor de 20 países (el número varía ligeramente en función de lo que se vota) que quiere presionar al Gobierno venezolano contempla solo la suspensión como "último recurso" y prefiere agotar la vía diplomática.
No obstante, cada vez son más los Estados que creen que esas gestiones diplomáticas deberían hacerse ya en el marco del proceso de la Carta, que se iniciaría si en esa reunión de cancilleres al menos 18 votan que en Venezuela "hay una alteración del orden constitucional" que afecta "gravemente su orden democrático".
La reunión tiene como objeto evaluar "los recientes eventos" en Venezuela, es decir, las decisiones del Tribunal Supremo de asumir las facultades de la Asamblea y limitar la inmunidad parlamentaria.
Marcha atrás
El Supremo dio marcha atrás a su resolución, pero el hecho de que lo hiciera después de que Maduro le pidiera revisar la sentencia, motivó la condena tanto de la oposición como del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que lo considera "más alteración del orden constitucional".
En la sesión de este lunes, que presidirá Bolivia –gran aliado de Venezuela–, está previsto que se vote una resolución que declara que esas sentencias suponen una "violación del orden constitucional" y que en Venezuela hay una "grave alteración inconstitucional del orden democrático".
Fuentes diplomáticas del grupo promotor del texto aseguraron que tienen los 18 votos necesarios para sacarlo adelante, lo que sería la antesala de la reunión de cancilleres en la que se votaría formalmente el inicio de la aplicación de la Carta. De hecho, uno de los puntos del documento resuelve "implementar, como corresponda, mecanismos interamericanos adicionales establecidos para la preservación de la democracia, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana".
Una de las claves es el giro de Uruguay, hasta ahora una de las naciones de ese grupo más reticentes a aplicar la Carta, que el sábado declaró en el Mercosur –con Brasil, Argentina y Paraguay– que en Venezuela hay una "ruptura del orden constitucional" y una "intromisión sistemática" por parte del Supremo en el Parlamento.
En la OEA hay ahora un grupo consolidado de 14 países que, según informaron fuentes diplomáticas a EFE, se estarían inclinando por iniciar el proceso de la Carta: Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Este bloque necesitaría convencer a, al menos, 4 naciones de un grupo de países caribeños que se han sumado a algunas de sus iniciativas sobre Venezuela: Barbados, Bahamas, Santa Lucía, Jamaica, Belice, Guyana, Antigua y Barbuda y Trinidad y Tobago.
Todas las fuentes diplomáticas y analistas consultados apuntan a que solo EEUU, con presiones económicas, podría convencer a un grupo suficiente de países caribeños, que durante más de una década se han beneficiado del petróleo subvencionado de Venezuela a través de Petrocaribe.