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EEUU impone sanciones a ocho magistrados del Supremo de Venezuela

El Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones económicas a los magistrados de la Sala Constitucional por "usurpar la autoridad" del Parlamento.

El Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones económicas a los magistrados de la Sala Constitucional por "usurpar la autoridad" del Parlamento.

La sanción impuesta por EEUU afecta al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y a siete magistrados de la Sala Constitucional de la corte por "usurpar la autoridad" de la Asamblea Nacional.

Las nuevas sanciones se producen tras varias semanas de protestas desencadenadas por la orden del TSJ de privar de todas sus funciones a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición al presidente del país, Nicolás Maduro.

"El pueblo venezolano está sufriendo por el colapso económico provocado por la mala gestión y la corrupción de su Gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia han exacerbado la situación al interferir con la autoridad del Legislativo", indicó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. "Por medio de estas sanciones, los Estados Unidos apoyan al pueblo venezolano en sus esfuerzos para proteger y promover un gobierno democrático en el país", añadió el Mnuchin, bajo cuyo control se encuentra la Oficina de Control de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que impone las sanciones.

Maikel Moreno se convirtió en el magistrado jefe del Supremo venezolano en febrero de este año. Los otros incluidos en las sanciones, que congela bienes dentro de la jurisdicción estadounidenses y prohíbe transacciones financieras, son los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ Luis Fernando Damiani, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Juan José Mendoza, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta.

Esta es la segunda ronda de sanciones contra altos mandos del chavismo durante la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque en esta ocasión la razón no es el narcotráfico, como ocurrió en la primera. Esa ocasión supuso la imposición de sanciones al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, y a otros altos funcionarios del chavismo.

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