El gobierno venezolano ha iniciado una campaña dirigida a la desactivación de las manifestaciones callejeras. Para ella, cuentan con el respaldo de los medios de comunicación afines al régimen, que –por otra parte– son los únicos que pueden desarrollar su actividad con cierta normalidad. La operación comienza por detener a civiles con órdenes de captura ordenadas por tribunales militares, para –a continuación– desacreditar las protestas de los disidentes difundiendo informaciones falsas sobre los arrestados en la prensa.
Este es el caso de Jorge Machado, profesor universitario y responsable de formación del partido de Leopoldo López (Voluntad Popular). El pasado 19 de mayo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) le detuvo en una autopista cuando se dirigía a su casa, acusado –entre otras cosas– de rebelión militar y traición a la Patria.
Entretanto, en los medios "lo tildan de terrorista" y lo acusan de pertenecer "a una organización de movimientos militares y armados", explica su exmujer Alda da Silva, en la actualidad amiga de la familia y madre de su hijo. Mentiras que "solo demuestran que el Estado –tan poderoso– venezolano, es capaz de aplastar a un ciudadano que simplemente desea libertad para su país".
Afortunadamente, señala Da Silva, "estamos en un mundo de redes sociales, y los venezolanos conocemos lo que está sucediendo...". No hay más que ver la represión con la que son neutralizadas las manifestaciones. "Marchas en las que la gente va con pitos, banderas, gorras... Y nos detienen con bombas lacrimógenas, perdigones, chorros de agua...". Y, en su opinión, "esto no es más que la confirmación de que ellos (el Gobierno) tienen mucho miedo". Ella considera que "tienen la justicia nacional tomada, pero la internacional sabe bien –y hay mucho dossier elaborado– de que allí lo que hay es narcotráfico, hay negocios fraudulentos, estafas... A eso le tienen miedo, a salir del poder, porque una vez pisada la frontera, tienen que ser detenidos".
De momento, se tienen que conformar con denunciar la situación a la que se enfrenta Jorge, del que han recibido muy poca información desde que fuera detenido. De hecho, no les han dejado verle. "Solo sabemos que está recluido en un lugar de unas condiciones inaceptables", ha aseverado. "Empezando porque lo que nos comentan –fuentes por los caminos verdes, como se dice aquí– es que está en un espacio pequeño, con luz de bombillo, sin ventana y sin ver la luz del sol en todo el día, hacinados... Más de treinta personas que comparten espacio, durmiendo sentados, porque si uno estira las piernas otro tiene que recogerlas".
Un testimonio terrorífico al que tenemos que sumar el de Omar Mora Tosta, el abogado de Jorge Machado, quien ha explicado que no hay ninguna prueba contra él. "Sólo hacía lo que su conciencia le llamaba a hacer: protestar pacíficamente por lo que no está ocurriendo correctamente en Venezuela, y proteger a sus muchachos –como él los llama– a quienes, con un megáfono, les decía que no respondieran a la violencia de la policía ni de la guardia nacional".
Por otra parte, a la cuestión de por qué el Gobierno venezolano quiere juzgar a su cliente en un tribunal militar, el letrado explica que se debe a que "el máximo funcionario de la justicia penal militar en Venezuela es el presidente, Nicolás Maduro, en su rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él es el que decide quién va a juicio y quién no. Él designa los fiscales, los jueces...".
Situación que deja a Jorge Machado totalmente indefenso, y sin garantías de que pueda tener un juicio justo. Por este motivo, Mora Tosta cree adivinar lo que va a pasar en el futuro más inmediato. "A partir del día de la detención, empieza un plazo de aproximadamente treinta días, más una prórroga de quince, que normalmente la asumen los fiscales para presentar el acto conclusivo, que puede ser: el sobreseimiento, la acusación o el archivo... Y en todos los casos anteriores, han presentado la acusación".
Y el caso de Machado no es el único de un civil al que intentan someter bajo el régimen militar. El propio Omar Mora Tosta defiende a muchos manifestantes, en su mayoría estudiantes, que han sido detenidos y recluidos en cárceles de máxima seguridad, bajo el control de los servicios de inteligencia.