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La Fiscalía venezolana imputa al jefe de los servicios de Inteligencia por violar los DDHH

La fiscal general, Luisa Ortega, está acusada de golpista mientras el régimen chavista ha realizado más de 3.500 arrestos en los últimos tres meses.

La fiscal general, Luisa Ortega, está acusada de golpista mientras el régimen chavista ha realizado más de 3.500 arrestos en los últimos tres meses.

La Fiscalía de Venezuela ha citado en calidad de imputado al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, por presuntas violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el marco de la represión de la ola de manifestaciones opositoras.

En concreto, la Fiscalía responsabiliza al responsable de la Inteligencia de allanamientos "arbitrarios" y privaciones "ilegítimas" de libertad, y pedirá que responda por los "graves y sistemáticos" abusos que habría cometido su institución, que ya había sido criticada estas semanas por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que ha sido recientemente acusada de formar parte "de un golpe de Estado".

Además de González López, también ha sido citado a declarar la próxima semana el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio Benavides Torres, acusado igualmente de violar los Derechos Humanos durante las manifestaciones iniciadas hace más de dos meses.

Ortega ha acusado al Sebin y a las fuerzas de seguridad de hacer el trabajo sucio al Gobierno de Nicolás Maduro, con el que la fiscal general ha roto definitivamente tras años vinculada al chavismo. Tras el cruce de medidas y declaraciones, la responsable del Ministerio Público ha pedido este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que adopte "medidas cautelares" para garantizar la protección de los funcionarios de la Fiscalía.

Las protestas que se iniciaron en Venezuela el pasado 1 de abril han dejado hasta hoy 81 muertos y más de mil detenidos, incluyendo a una veintena de estudiantes universitarios que fueron apresados ayer, lo que no ha impedido la convocatoria de nuevas manifestaciones.

Ayer se conocieron dos nuevas muertes. La de Eduardo José Márquez Albarrán, de 20 años, un estudiante de Turismo de la Universidad Politécnica de Mérida que había sido herido durante una protesta en la que participó el pasado día 13 en esa ciudad, y la de Rubén Morillo, en Barquisimeto.

La ONG Foro Penal Venezolano informó, además, de que en el marco de esta ola de protestas que ya tiene tres meses se han realizado más de 3.500 arrestos y que 1.188 personas siguen detenidas. Esta organización resalta que 415 civiles han sido "presentados ante tribunales militares" y 245 están "privados de libertad".

Dirigentes de la oposición venezolana exigieron a las autoridades la liberación de la veintena de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB) detenidos este jueves por la policía mientras participaban en una marcha en Caracas contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por Maduro.

Los políticos se trasladaron junto a familiares de los jóvenes detenidos y representantes de la USB en la sede del Sebin donde se encuentran detenidos, aunque no se les permitió entrar al lugar a verificar el estado de los estudiantes.

El diputado Teodoro Campos dijo que la bancada opositora elaborará un expediente sobre el caso para pedir a la Fiscalía que investigue unos arrestos que, en su opinión, se produjeron "fuera del marco legal".

Además, detalló que "los detenidos fueron obligados a subirse en un camión de carga sin ningún tipo de ventilación y esperaron que este vehículo se llenara con los efectos de gases lacrimógenos para cerrar con candado las puertas".

Para este sábado la alianza opositora ha convocado una nueva protesta en todo el país contra de la elección de la Constituyente, que ha sido calificada de "fraudulenta" tanto por el antichavismo como por los chavistas que no apoyan a Maduro.

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