Según explicó en un comunicado el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, desde 2016 ha estado siguiendo "de cerca" la situación en el país, que es parte del Estatuto de Roma por el que se creó el TPI, y tras "una revisión cuidadosa, independiente e imparcial" de comunicaciones e informes sobre "presuntos crímenes que potencialmente estarían bajo la jurisdicción" del tribunal, ha decidido que procede la apertura de un "examen preliminar".
En concreto, se analizarán "los crímenes presuntamente cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de las manifestaciones y la inestabilidad política relacionada", indicó Bensouda. "Se ha denunciado que las fuerzas de seguridad del Estado han hecho con frecuencia un uso excesivo de la fuerza para dispersar y disolver las manifestaciones, y detenido a miles de miembros reales o percibidos de la oposición, algunos de los cuales han sido presuntamente objeto de graves abusos y maltratos bajo arresto", agregó.
Declaración de la Fiscal de la #CPI #FatouBensouda sobre la apertura de exámenes preliminares en #Filipinas y #Venezuela https://t.co/9LI6HcgSde
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) February 8, 2018
Asimismo, señaló que también se informó de que "algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, lo que tuvo como resultado que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran muertos o heridos".
Bensouda recordó que corresponde a la Justicia del país investigar y procesar a los responsables de crímenes internacionales y dejó claro que el "examen preliminar no es una investigación" sino un proceso por el que se busca determinar si hay "base suficiente para abrir una investigación" propiamente dicha.