Un trabajo periodístico del diario La Nación desencadenó la apertura de una investigación judicial que en las últimas horas ha dejado doce detenidos y varios citados a declarar, acusados de integrar una "asociación ilícita" con la que distintas sociedades se beneficiaban de contratos gracias al pago de coimas.
Decisivas para destapar el escándalo han sido las anotaciones que durante más de una década tomó supuestamente el chófer de uno de los colaboradores más cercanos al entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, encargado este de las áreas de obras públicas, energía y vivienda y uno de los imputados.
En varios cuadernos escolares, Óscar Centeno, que está entre los arrestados, fue apuntando con todo detalle cómo con su automóvil acudía a los puntos donde se recolectaba el dinero, como hoteles, oficinas o domicilios, y cómo luego, solo o acompañado, llevaba esos montos a un apartamento para después derivarlo a sus destinatarios.
Según La Nación, entre los supuestos beneficiados están, no solo para quien trabajaba como chófer, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta -quien supuestamente coordinaba los pagos-, sino también De Vido y los propios Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández de Kirchner.
No obstante, entre la multitud de anotaciones de las libretas de Centeno están viajes con dinero hasta la residencia presidencial o al apartamento particular de la familia Kirchner en Buenos Aires. "Nunca vi nada parecido. Una cosa así tan completa, esta bitácora nunca lo vi y tengo casi 40 años en tribunales", expresó el fiscal del caso, Carlos Stornelli, quien declinó explayarse en los detalles al regir el secreto de sumario.
Además de los exfuncionarios y empresarios detenidos, entre ellos de las empresas IECSA -que fue propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri- y Electroingeniería, se busca a otros imputados como Juan Carlos Goycoecha, que era titular de la filial local de la española Isolux Corsá.
Asimismo, además de a Fernández -que como actual senadora tiene fueros y no podría ser detenida- el juez Claudio Bonadio llamó a declarar a de Vido -ya en prisión preventiva por presunta corrupción desde 2017-, al exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y al exjuez federal Norberto Oyarbide.
La ex jefa de Estado, viuda tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010, cuanta con cinco procesamientos judiciales, la mayoría por operaciones con adjudicatarios de obra pública. Aunque declinó dar declaraciones sobre el escándalo, su tradicional postura y la de sus colaboradores es que es víctima de una persecución impulsada por el actual Gobierno para que no se hable de otras cuestiones como la situación económica del país.
Uno de los abogados de la exmandataria, Gregorio Dalbón, afirmó en Twitter que Fernández "no tiene nada que ver" en la investigación de Bonadio, y consideró que "la espectacularidad del operativo" busca "ganar tiempo" por parte del Ejecutivo de Macri, cuyo partido político está siendo investigado por presunta financiación ilegal.
El fiscal Stornelli defendió su actuación al remarcar que "nunca" se ha ajustado a "ningún momento político" y adelantó que está dispuesto a conceder a Centeno el beneficio de la figura de "arrepentido" si se presta a colaborar con la Justicia.