"Las políticas y acciones del Gobierno criminalizan y matan a los hombres jóvenes en situación de pobreza, en un contexto creciente de inseguridad en el país y desesperación de la población", declaró el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, en una conferencia de prensa en Buenos Aires.
Beltrán presentó el informe "Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela", que constata las violaciones de los derechos humanos y la represión ejercidas por el Estado de ese país contra la población más vulnerable. Según dijo, aproximadamente el 55% de los 21.752 homicidios cometidos en 2016 fueron contra personas de entre 15 y 30 años, una tendencia que se mantiene desde hace varios años.
"Los que mueren son jóvenes en zonas deprimidas y pobres" que son vistos como "enemigos a erradicar, delincuentes," y lo hacen en un contexto de inseguridad "enorme", ya que, solo en 2016, entre 65.000 y 87.000 venezolanos fueron víctimas de la violencia armada en el país.
La organización apuntó que, desde 2016, 11 de los 19 ministros de Seguridad Ciudadana en el país caribeño han sido integrantes de las fuerzas armadas, una "lógica militar" que, para Beltrán, ha ocasionado "detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas". Esto se une al "fracaso" de las políticas públicas de seguridad, ya que en los últimos 20 años se han articulado 17 planes en ese ámbito, pero de ello, las únicas medidas que se han implementado son las "represivas" y "nunca las de carácter preventivo y de largo plazo", señaló.
A su juicio, "esta política de corto plazo, de violencia responde a la violencia", es lo que ha generado "una violencia armada endémica". "Todo este contexto podría avanzar hacia delante si hubiera responsables llevados ante la Justicia; no es el caso de Venezuela", aseguró, al contar que la impunidad de los homicidios es del 90% y en el caso de violaciones de los derechos humanos asciende al 92%. Para el activista, esto perpetúa un círculo vicioso "en el que se actúa, se mata y se olvida a la víctima y se sigue adelante con una nueva ejecución extrajudicial".
Al presentar el informe, tanto Beltrán como la directora de Política y Justicia Internacional de AI en Argentina, Mariana Fontoura Marques, hicieron hincapié en las dificultades que tuvo la organización para acceder a datos oficiales fiables y recientes.
Por ese motivo, además de en informes y publicaciones, agencias estatales y manuales de procedimientos policiales, la investigación estuvo basada en datos de organizaciones civiles e internacionales, consultas a expertos y entrevistas con 17 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Fontoura Marques afirmó que el resultado es un documento que muestra la "alarmante regresión en materia de derechos humanos" y la crisis humanitaria que sufre Venezuela, donde el 87% de la población se encuentra en situación de pobreza y hay un "desabastecimiento generalizado" de medicamentos, alimentos y tratamientos médicos. Asimismo, denunció que todo ello ha generado "una de las crisis de magnitudes más grandes en materia de la problemática de migración forzada" en América Latina, ya que, según datos de Naciones Unidas, ya hay 2,3 millones de venezolanos fuera de su país.