"El Grupo de Lima urge al Gobierno de Venezuela a realizar una investigación inmediata, imparcial e independiente, con aval internacional, para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan", exigió en un comunicado el bloque, formado por doce países latinoamericanos que considera roto el orden democrático en Venezuela.
El documento, firmado por los Gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, expresa la "profunda preocupación por la trágica muerte" de Fernando Albán, del partido Primero Justicia, ocurrida este lunes "en circunstancias aún no esclarecidas".
Los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, integrantes del #GrupoDeLima, expresan su profunda preocupación por la trágica muerte del concejal venezolano Fernando Albán.
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— Cancillería Perú@CancilleriaPeru) October 9, 2018
El concejal opositor fue encarcelado en las dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia por su responsabilidad en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto. La Fiscalía venezolana informó el lunes de que se suicidó lanzándose desde el décimo piso de un edificio policial cuando iba a ser trasladado a tribunales.
Este mismo martes, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció que investigará la muerte del opositor en el ámbito del informe que realiza el Consejo de Derechos Humanos sobre los abusos cometidos en Venezuela. El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, responsabilizó este martes al Gobierno de Maduro del "homicidio" del concejal y pidió a la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) investigar su muerte, pues rechazan la versión oficial de suicidio.
El Grupo Lima reiteró además su condena "a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la persecución política y la existencia de presos políticos". Al mismo tiempo, reiteró su decisión de seguir realizando "todos los esfuerzos diplomáticos posibles dirigidos a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos, y a la plena vigencia del estado de derecho en Venezuela".