"Respetando el sistema democrático, el Gobierno ha decidido presentar la cuestión de confianza al Congreso respecto a las políticas de estado del fortalecimiento institucional y de la lucha contra la corrupción, que se manifiestan en la aprobación sin vulnerar su esencia de cinco proyectos", dijo Martín Vizcarra desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, donde se ha visto acompañado por los integrantes del Gabinete Ministerial y gobernadores regionales.
Vizcarra agregó que "la inmunidad no debe convertirse en impunidad". "Que las personas condenadas no puedan ser candidatos, que cualquier ciudadano pueda participar en la elección de candidatos a través de primarias internas, que se elimine el voto preferencial, que se garantice la paridad y la alternancia de género en las listas y se prohíba el uso de dinero sucio en las campañas electorales", apuntó.
Durante su mensaje de este miércoles, el presidente acusó directamente a la mayoría fujimorista en el Congreso, que en alianza con la pequeña bancada del Partido Aprista ha obstaculizado los planteamientos de reforma del Ejecutivo. "Ante semejante boicot a la lucha anticorrupción" el Gobierno y la ciudadanía no pueden "ser ajenos y no manifestar una profunda preocupación", afirmó el presidente, antes de subrayar que en el Congreso hay "enorme máquina de impedir y de blindar".
Para Vizcarra, en el Congreso "quieren seguir traicionando a la ciudadanía favoreciendo los privilegios y la corrupción a costa del futuro de todos". Así, exigió que el Congreso apruebe cinco proyectos de ley presentados por su Ejecutivo, que plantean "que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad" y que "las personas condenadas no puedan ser candidatos" en las selecciones.
El anuncio tuvo lugar después de que políticos y parte de la opinión pública pidieran al mandatario que presentara una cuestión de confianza ante la decisión de la Comisión Permanente de rechazar acusar al fiscal supremo Pedro Chávarry –exfiscal de la nación– por los delitos de organización criminal y encubrimiento personal, así como desestimar la recomendación para destituirlo e inhabilitarlo por 10 años, como señalaba un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Según la Constitución peruana, un presidente puede disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones legislativas si el Parlamento destituye dos veces al gabinete ministerial.