La justicia de Ecuador condenó este martes al expresidente Rafael Correa a ocho años de prisión y la retirada de sus derechos políticos por el delito de cohecho, al considerar que dirigió una estructura de corrupción con la que se financió ilegalmente su partido a cambio de contratos con el Estado.
De acuerdo con el tribunal de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia en Quito, ha quedado probada la financiación ilegal del partido izquierdista Alianza País por parte de empresarios, y que se reportaba a un "nivel jerárquico superior", en el que figuraron tanto el propio Rafael Correa, como el exvicepresidente y estrecho colaborador Jorge Glas, en prisión por otro caso.
Correa a la cabeza de la "estructura de corrupción"
El dictamen mencionó la existencia, entre 2012 y 2016, de una "estructura de corrupción" en contratos con las empresas que financiaron al partido liderado por Correa, a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Los sobornos habrían ascendido a 7,5 millones de dólares en efectivo, cantidad a la que se llegó mediante el cruce de facturas y, una parte, en metálico, según el fallo.
Tanto Correa como Glas han sido condenados por cohecho en la misma causa, iniciada este año después de que una investigación periodística en 2019 apuntara irregularidades en la adjudicación de contratos bajo su gobierno -entre 2007 y 2017- a un entramado de empresas, entre ellas la brasileña Odebrecht, que ha sido protagonista de escándalos de corrupción en toda Iberoamérica.
Más condenados
La mayor parte de la veintena de imputados en la misma causa fueron declarados autores directos o coautores de los mismos delitos, y en este último apartado están la exministra de Obras Públicas María de los Ángeles Duarte y el exsecretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera, todos con similar condena.
Para la ex asesora presidencial Pamela Martínez, quien luego fuera designada vicepresidenta de la Corte Constitucional, y su secretaria Laura Terán, la única considerada cómplice del delito, se dictaminó una reducción de la pena en un 90 por ciento o más tras haber actuado como testigos de cargo y cooperado con la justicia en el esclarecimiento de los hechos.
El dictamen mencionó que de las actividades realizadas por la estructura corrupta se derivan otros delitos como lavado de dinero y malversación de fondos públicos, y que el Estado es la principal víctima de los hechos ilícitos.
Correa tendrá que pagar por daños y perjuicios
Correa se enfrenta asimismo al pago de una suma por decidir por daños y perjuicios, además de una reparación integral que incluye la colocación de una placa en el Edificio de la Presidencia de la República pidiendo disculpas a la ciudadanía.
Con todo, la sentencia aún puede "ratificarse o no en segunda instancia", de acuerdo con expertos legales, que precisaron que todavía no es firme y puede ser apelada por los condenados.
De ser declarado culpable en firme, el expresidente —que reside en Bélgica y tiene más de una docena de causas abiertas en distintas fases— perdería la opción de presentarse a los comicios de 2021, a los que podría concurrir como candidato a vicepresidente o asambleísta, lo que contemplaría el derecho a la inmunidad.
Correa dice que se "judicializa" la política
Prófugo de la justicia por esta y otras causas, en especial una en la que es acusado del secuestro de un opositor en Colombia en 2012, tras conocer su condena Correa denunció en declaraciones a Efe una "judicialización de la política" en su país.
Correa fue uno de los integrantes más destacados de la red bolivariana tendida con los petrodólares de Hugo Chávez por toda Iberoamérica y tuvo relaciones muy cercanas con Podemos y sus principales dirigentes a través de empresas y fundaciones intermedias.