En un pronunciamiento público, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció que la escalada represiva de violencia policial contra disidentes se acentuó a inicios de la presente semana por parte del régimen de Daniel Ortega.
Ortega y una parte de la población nicaragüenses están enfrentados luego de los ataques armados contra manifestaciones antigubernamentales en 2018, que dejaron cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles en el exilio.
Aunque la alerta fue catalogada como "política", la Alianza Cívica hizo referencia a la violencia en general, que para una parte de la población ha incrementado, frente a la negativa de la Policía Nacional. Los opositores señalaron que los "robos, asaltos, muertos, y lesionados, por la delincuencia, tienen atemorizados al pueblo, luego que el régimen liberó unos 22 mil reos comunes en estos años (desde 2016)".
La Alianza llamó a "todos los sectores a denunciar de manera activa estos acontecimientos y a la comunidad internacional", y pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), "promover acciones para proteger al pueblo de Nicaragua, su libertad, su salud y sus vidas".
La alerta también abarcó el tema de la pandemia de la covid-19, porque según los disidentes "la dictadura sigue promoviendo aglomeraciones que exponen al contagio, luego de recibir del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 43 millones de dólares para combatirla".
La "persecución implacable contra los periodistas independientes, con acusaciones falsas y juicios amañados", los "embargos y supuestos reparos de impuestos millonarios de cienes de empresarios, que reflejan una política de terrorismo fiscal por parte del régimen", y el reciente embargo de una cadena de televisión no oficial, también llevaron a la Alianza a divulgar la alerta.