La OEA denuncia más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela desde 2014

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha concluido en un nuevo informe que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y cita como ejemplo que, desde las protestas de 2014, se han registrado más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales y unas 15.500 detenciones arbitrarias, por lo que ha reclamado la intervención urgente del Tribunal Penal Internacional (TPI).

El informe, que lleva por título "Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela", responsabiliza de nuevo al Gobierno de Nicolás Maduro de graves abusos durante estos últimos seis años.

Los expertos estiman que solo en 2018 y 2019 hubo 724 casos de desaparición forzosa, así como 653 de tortura desde el año 2014. Además, considera que la violación y los abusos sexuales se han convertido en "armas" al servicio del régimen chavista, incluso como método de tortura.

También examina los efectos de la crisis humanitaria, con siete millones de personas necesitadas, más de 100.000 niños menores de cinco años con desnutrición aguda severa o una escasez de medicamentos esenciales que oscila entre el 60 y el 100% en las principales ciudades. Casi mil personas habrían fallecido por la falta de medicinas contra la malaria.

Para la OEA, las pruebas son evidentes, pero lamenta el "fracaso" de la Fiscalía del TPI a la hora de dar el paso definitivo y abrir una investigación formal sobre los posibles crímenes. La oficina que dirige en La Haya Fatou Bensouda admitió en octubre que hay indicios "razonables" que apuntan a la comisión de crímenes de lesa humanidad, pero por ahora no ha elevado el nivel de sus pesquisas.

"Cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento del pueblo venezolano", ha lamentado el secretario general de la OEA, Nicolás Almagro, quien considera que durante años "se ha permitido que el régimen venezolano opere con impunidad".

Por este motivo, ha instado a Bensouda a "actuar y mostrar al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo", lo que pasaría por solicitar un acceso "pleno" a Venezuela y una declaración pública "detallada" sobre el deterioro de los Derechos Humanos.

El asesor especial de la OEA Jared Genser, coautor del informe, ha incidido en que el documento presentado este miércoles pretende dar voz al "extraordinario sufrimiento" de la población venezolana. En este sentido, ha subrayado que "la única conclusión razonable" que puede extraerse del examen de la situación en Venezuela es que se han cometido crímenes internacionales.

"Por lo tanto, es tan inexplicable como impactante que, después de casi tres años examinando la situación, la fiscal Fatou Bensouda no haya abierto una investigación sobre los presuntos delitos", ha criticado, en alusión a la denuncia que en su día presentaron varios países del denominado Grupo de Lima, crítico con Maduro.

La OEA considera que la inacción de la Fiscalía del TPI ha terminado por "envalentonar" a las autoridades venezolanas para seguir perpetrando abusos, "en la creencia de que puede actuar con impunidad". En este sentido, ha recordado que Venezuela ha firmado y ratificado el Estatuto de Roma que dio forma a la corte.