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EEUU critica la conducta antidemocrática de Bolivia y exige la liberación de Áñez y otros opositores

Washington reacciona ante la represión y el maltrato del gobierno boliviano contra la expresidenta Jeanine Áñez y otros opositores.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió la liberación de la expresidenta interina boliviana Jeanine Áñez y dos de sus exministros, y expresó su preocupación por los "indicios de comportamiento antidemocrático" en Bolivia.

En un comunicado, Blinken expresó la reacción más contundente hasta ahora del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, a la detención hace dos semanas de los tres políticos bolivianos, acusados de "sedición, terrorismo y conspiración". "Estados Unidos está profundamente preocupado por los crecientes indicios de comportamiento antidemocrático y la politización del sistema legal en Bolivia, tras el reciente arresto y detención previa al juicio de exresponsables del Gobierno interino", dijo el titular de Exteriores estadounidense.

Sin mencionar directamente a Áñez ni a los exministros detenidos, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, el jefe de la diplomacia estadounidense se refirió en todo momento a los "exfuncionarios" o antiguos responsables del Gobierno interino que surgió tras lo que el actual Ejecutivo boliviano considera el golpe de Estado de 2019.

"Pedimos al Gobierno boliviano dejar claro su apoyo a la paz, la democracia y la reconciliación nacional, al liberar a los exfuncionarios detenidos mientras se desarrolla una investigación independiente y transparente sobre las preocupaciones sobre derechos humanos y debido proceso", afirmó Blinken.

Agregó que esos arrestos "no son coherentes con los ideales democráticos de Bolivia", y "desacreditan los extraordinarios esfuerzos de tantos votantes, candidatos y trabajadores públicos bolivianos" que convirtieron en un "éxito democrático" las elecciones de octubre de 2020 y los comicios subnacionales de este mes.

Blinken añadió que hay dudas sobre la "legalidad" de las citadas detenciones, por estar "basadas en acusaciones no demostradas, por las aparentes violaciones de debido proceso en su ejecución y por la naturaleza profundamente politizada del trabajo fiscalizador del Gobierno boliviano".

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