Una de las primeras decisiones que ha adoptado el presidente peruano Pedro Castillo junto con el ministro de Justicia, Anibal Torres, ha sido la de trasladar a todos los presos que se encuentran en el centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao a cárceles comunes administradas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), una institución obviamente dirigida por el Gobierno.
El primero en salir ha sido el exasesor del expresidente Fujimori, Vladimiro Montesinos, que desde el pasado 25 de agosto se encuentra en la cárcel Ancón II. La clave es que, además de Montesinos y Fujimori, en la cárcel de la Base Naval también se encuentran varios terroristas de Sendero Luminoso, entre ellos su fundador, el sanguinario Abimael Guzmán, conocido como el camarada Gonzalo y condenado a cadena perpetua por "terrorismo contra el estado".
Con el traslado de Montesinos, Castillo se ha asegurado la legitimidad necesaria para trasladar a todos los presos de Sendero Luminoso a centros penales administrados por un Gobierno que nunca ha escondido su admiración por los terroristas de Sendero y que están liderados por el primer ministro Bellido, investigado por apología del terrorismo.
En una entrevista publicada este domingo por El Comercio, la jefa del INPE, Susana Silva, ha señalado que el convenio entre el Gobierno y la Marina "vence en diciembre de este año", la fecha en la que deben salir todos los presos de la base. Sin embargo ha especificado que, aparte de Montesinos, por el momento no está previsto el traslado de más presos a la cárcel de Ancón porque "no está en agenda en estos momentos". El motivo real es que para poder sacar a los presos de la Base Naval, el gobierno tiene que ampliar la el penal de Ancón, que ahora mismo custodia a 87.000 presos cuando su capacidad es de 41.000. Esto supone una brecha de cinco mil agentes de seguridad penitenciaria.
Aunque la jefa del INPE se niega a comentar si el traslado de Abimael Guzmán podría conllevar beneficios para el líder terrorista, sí ha negado la posibilidad de que Ancón se convierta en un lugar de reagrupación de terroristas: "Eso no va a ocurrir. De ninguna manera puede ocurrir. La idea es que ellos pasen a un anexo del penal. Ese anexo no tiene contacto con nadie. (...) Desde la posición en la que estoy no se hará ninguna comparsa a absolutamente nadie que haya cruzado la línea", ha insistido Silva.
Un pabellón "especial"
La jefa del INPE ha detallado que "se ha iniciado el trabajo para que se construya un pabellón especial" para acoger a todos los presos de Sendero Luminoso que salgan de la Base Naval. "Este espacio está dentro del perímetro de Ancón I pero no forma parte de ese penal. Es un establecimiento anexo".
"Estamos a un 85% de avance del estudio de preinversión para hacer el proyecto. Hasta que no estén dadas las condiciones para enviar a estos internos que están en la Base Naval, no se puede bajo ningún punto de vista autorizar un traslado. No solo hablamos en términos de infraestructura, sino también en el número suficiente de personal, de seguridad, de tecnología y una serie de cosas que estamos potenciando. Para lo cual, estamos pidiendo un decreto de urgencia al MEF", ha señalado Silva.