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El Gobierno de Castillo se lava las manos sobre el destino del cuerpo del genocida Abimael Guzmán

Tras la muerte del genocida Abimael Guzmán, el Gobierno comunista evita decidir sobre el destino de los restos del cabecilla del terrorista.

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Tras la muerte del genocida Abimael Guzmán, el Gobierno comunista evita decidir sobre el destino de los restos del cabecilla del terrorista.
Abimael Guzmán | Europa Press

La muerte del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, ha abierto una serie de dudas respecto a lo que debería ocurrir con su cuerpo. Gran parte de las opiniones apuntan a que el gobierno comunista de Pedro Castillo debería tomar la decisión, pese a las investigaciones e informaciones periodísticas que apuntan a vínculos terroristas de algunos de los miembros del gabinete.

Sin embargo, esta vez la presidencia ha querido salir al paso de las especulaciones, y antes de tomar decisiones, ha decidido lavarse las manos ante esta situación. A través de Twitter, ha señalado que "no nos corresponde decidir sobre la disposición final del cuerpo del terrorista Abimael Guzmán" y ha preferido mirar hacia otro lado: "Es competencia del Ministerio Público".

Ya este domingo, la Fiscalía peruana emitió un comunicado en el que señaló que "la causa de la muerte sería una neumonía bilateral causada por un agente patológico, conclusión que está sujeta a los resultados de las pericias patológicas, toxicológicas, químicas, entre otras".

En el mismo documento, habla sobre el destino del cuerpo. Así, apunta que "recibirá el tratamiento que dispone la normativa vigente conforme a la Ley General de Salud y el Código Procesal Penal, las que establecen que los restos deberán ser entregado a los familiares directos debidamente acreditados". En este sentido, agrega que "la ciudadana Iris Yolanda Quiñonez Colchado solicitó formalmente la entrega del cuerpo" detallando que esta persona dice "tener un poder escrito otorgado por Elena Iparraguirre Revoredo", en referencia a la sanguinaria terrorista, mujer del genocida Abimael Guzmán, también presa en la Base Naval.

El diario El Comercio recuerda que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) señaló a Quiñonez Colchado como una terrorista conocida como la "camarada Bertha" que fue "acusada de participar en el asesinato del coronel PNP Manuel Tumba Ortega, integrante de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), perpetrado el 5 de noviembre del 1992".

Quiñonez Colchado fue detenida en agosto de 1993 y sentenciada por ese crimen a cadena perpetua por tribunales militares en tres instancias, aunque finalmente esta pena fue anulada por la Sala Nacional de Terrorismo a instancias de una sentencia del Tribunal Constitucional para que se inicie un nuevo juicio. Este proceso fue realizado en 2006 con una sentencia de 28 años de prisión que también fue declarada nula, lo que llevó a su puesta en libertad al vencer el plazo para la detención preventiva.

A partir de ahora, será la Fiscalía la que tenga que decidir pero lo que parece claro es que el Gobierno comunista ha preferido evitar cualquier decisión, pese a que el propio primer ministro, Guido Bellido, investigado por apología al terrorismo, dijo a TV Perú este sábado que " creo que eso es también una decisión del presidente (…) Cualquiera que sea la decisión del Ejecutivo, todo el país debe estar de acuerdo con los mecanismos que se tienen que dar". El caos y la improvisación de este Ejecutivo es tal, que el propio Consejo de Ministros, que Bellido preside, dio un mensaje diferente.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, declaró a Canal N que "se está viendo para que sea incinerado y, si es posible, que sus cenizas sean esparcidas en el mar, a fin de que nadie pueda tener un recuerdo de este personaje". También apuntó que esto permitiría que no exista "un lugar en el cual determinados peruanos quieran rendir homenaje a este personaje" y recordó "que rendirle homenaje, hacer movilizaciones en memoria de Abimael, es apología al delito y pueden ser procesados por esa razón".

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