Como ya adelantó Libertad Digital, el diputado de Perú Libre Guillermo Bermejo está preparando una ley de hoja de coca cuyo fin, según todos los expertos, no es potenciar los usos tradicionales de la planta sino el narcotráfico.
La excusa de los comunistas de Perú Libre para su proyecto es potenciar ese consumo tradicional que se da principalmente a través del mascado, lo que en el país se conoce como chacchado. Sin embargo, tal y como cuenta a este periódico un experto en la cuestión, estos usos están en claro retroceso desde hace unos años, con el descenso de la pobreza y el aumento de la población urbana.
Así, en la actualidad el porcentaje del cultivo de hoja de coca que acaba desviándose al narcotráfico estaría en torno al 95% tanto en Vraem -la zona de Perú en la que se concentra la mayor producción de cocaína- como en otras áreas cocaleras del país.
Pero eso, obviamente, no parece que vaya a frenar el proyecto de ley que promueve Guillermo Bermejo que en unos días será apoyado por el Congreso Nacional de las Cuencas Cocaleras de Perú, que se celebrará los próximos 2 y 3 de octubre y en cuya organización destaca un personaje como Julián Pérez Mallqui, el principal referente de los cocaleros más radicales de Vraem, palabra que, por cierto, es el acrónimo de Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
Según la información que publicaba esta semana Perú21, en este encuentro se pretende reconocer a los cocaleros que hoy en día operan en la ilegalidad -la gran mayoría- y "oficializar, de cierta manera, al narcotráfico".
Demoler el sistema actual
El asunto es que ahora en Perú de puede cultivar coca legalmente, pero sólo si se está inscrito en un censo que se elaboró en 1978 y que obliga a sus miembros a vender toda su producción a la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), una compañía estatal que ostenta el monopolio y exporta legalmente hojas de coca a Estados Unidos para, curiosamente, elaborar la Coca-Cola.
El resto de los cultivos -como decíamos aproximadamente un 95%- son ilegales y lo que se pretende ahora es que se conviertan en intocables como una forma de facilitar su trabajo a los narcotraficantes.
Pero la legalización de los cultivos no es, además, el único plan de Perú Libre. Según la información publicada hace unos días por la página especializada Infodefensa, en los prepuestos generales que ha presentado el partido en el gobierno hay una reducción de nada más y nada menos que un 47% de los fondos destinados a las operaciones militares y policiales contra las organizaciones terroristas y los narcotraficantes, que en no pocas ocasiones son prácticamente los mismos o hacen negocios conjuntos.
Adiós a la DEA… y a EEUU
Otra parte del programa de Perú Libre para favorecer un crecimiento aún mayor del narco -según las cifras reportadas por el propio gobierno peruano entre 2020 y 2019 la superficie total en la que se cultiva coca creció nada más y nada menos que en un 25%- pasaría por expulsar a la DEA, la agencia antidroga de los EEUU.
El ahora primer ministro, Guido Bellido, ya prometió en un acto de campaña romper las relaciones con EEUU y expulsar tanto a la DEA como a agencia de cooperación internacional americana, USAID. Un acto en el que estaba Guillermo Bermejo, el impulsor de esta ley de hoja de coca que tiene, según muchos expertos, vínculos evidentes con Sendero Luminoso y el narco y, de hecho, está siendo juzgado por su presunta pertenencia a la organización terrorista.
Eso sí, como prueba de las tensiones políticas que vive el gobierno peruano, mientras Bermejo y otros miembros de Perú Libre abogan por esta ruptura, el nuevo ministro de Exteriores renovó hace un par de semanas el convenio con USAID para mantener el trabajo de esta agencia en Perú. "Esta política exterior no corresponde a un gobierno de izquierda", decía el propio Bermejo en un indignadísimo mensaje en Twitter.
Imperdonable que el Canciller renueve convenio con la Usaid, cómplice de todos los golpes de estado en América Latina y organismo espía dentro de nuestra patria. Es continuar con el gato en el despensero. Esta política exterior no corresponde a un gobierno de izquierda. pic.twitter.com/Js1AveQJJA
— Guillermo Bermejo Rojas (@GuilleBermejo01) September 3, 2021
"Es un aliado de narcos y terroristas"
Uno de estos expertos que tiene claro el papel real de Bermejo en este asunto es Fernando Rospigliosi, exministro del Interior en Perú y también exjefe de los servicios de inteligencia, que en conversación con Libertad Digital afirma que "Bermejo es aliado de narcos y terroristas del Vraem, según la policía y fiscalía".
En su opinión, la nueva ley de hoja de coca "busca eliminar los controles sobre el narcotráfico para que prospere" aún más: "Ahora somos segundo productor, detrás de Colombia y él -en referencia a Bermejo- quiere ponernos en primer lugar".
Pero, ¿es necesaria una ley para ello? ¿No bastaría con una actitud permisiva desde el gobierno? Al parecer no, y Rospigliosi nos da dos razones. La primera es lanzar un mensaje: "Tiene que dar muestras a su gente, a los miles de cocaleros que abastecen a los narcos y las 'firmas', las bandas de narcos peruanos que trabajan para los cárteles. Además -añade- Perú Libre todavía no controla a la policía y las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de luchar contra el narcotráfico". "Es una medida política", concluye.
Un "modelo boliviano"
Jaime García es un economista peruano que conoce muy bien la lucha contra el narcotráfico en su país. En conversación con Libertad Digital analiza lo que puede ser esta Ley de la Hoja de Coca que todavía no se ha presentado al Congreso, pero se sabe bastante bien qué se pretende hacer por "las reuniones que ha tenido el congresista Bermejo con dirigentes cocaleros principalmente del Vraem, cuya producción de coca se destina casi en su totalidad a la elaboración de cocaína". García explica que en esa zona se produce el 70% de la cocaína peruana, que en su opinión son "unas 750 toneladas al año".
El abogado tiene claro lo que pretenden Bermejo y Perú Libre y lo que tratarían de hacer con la futura Ley: "Buscan legalizar a todos los productores cocaleros. Con ello se evitaría la erradicación de cultivos de coca y se favorecería al narcotráfico".
En su opinión con la nueva norma legal "se plantearía un modelo tipo boliviano, en el que los propios cocaleros asumirían roles en la lucha contra el narcotráfico" y en el que, por ejemplo, "se hacen cargo de la erradicación de cultivos excedentarios". Conviene no olvidar aquí la exitosa gira que hizo recientemente Evo Morales a Perú, de la mano del partido en el gobierno.
Sin embargo, García advierte que "Este es un modelo muy difícil de aplicar en el Perú", ya que "actualmente existen alrededor de 80.000 cocaleros con alrededor de 75.000 hectáreas de coca y para abastecer el mercado legal sólo se necesitan 8.000 hectáreas".
¿Industrialización de la coca?
"El Proyecto de Ley -explica Jaime García- busca la industrialización y eso no ha funcionado ni en Bolivia. Además, la industrialización de la hoja de coca en Perú es un sueño, porque todo el esfuerzo de Industrialización demanda como máximo 2000 toneladas -de hoja de coca, no de cocaína, obviamente- que se producen en 1000 hectáreas". De hecho, según nos cuenta "Perú ya industrializa mucho más el cultivo de coca que Bolivia".
Finalmente, el abogado se ha mostrado optimista sobre el futuro del proyecto legal: "No creo que se apruebe esa ley", nos dice, porque "si así fuera terminaríamos siendo un narcoestado".