Tras trece años en el Gobierno, el autócrata Daniel Ortega espera conseguir su tercera reelección consecutiva en las elecciones generales de Nicaragua del próximo 7 de noviembre. Para ello, ha adoptado todo tipo de medidas antidemocráticas que convertirán estos comicios en una farsa y un mero trámite destinado a garantizar su permanencia en el poder y la de su propia esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Podría decirse que las irregularidades electorales son ya un clásico para el líder sandinista. En los comicios de 2011, la oposición denunció amenazas a los interventores, duplicación de papeletas, problemas informáticos, documentación falsa. Además se denegó la entrada a los observadores internacionales.
En el año 2014, la Asamblea Nacional dominada por el sandinismo abolió el límite de mandatos presidenciales, lo que permitió a Ortega la reelección indefinida. Las instituciones y el ejército están a su servicio, controla a la oposición a través de la represión y la vulneración de derechos fundamentales. Ortega es ya un dictador de facto que el 7 de noviembre fingirá someterse al control ciudadano en unas urnas viciadas y corrompidas.
Opositores detenidos
En diciembre de 2020 se aprobó una ley que impide ser elegido cargo público a cualquier persona considerada por el Gobierno como "traidor a la patria", un término amplio que incluye a todos los "terroristas vendepatrias", el término con el que Ortega se refiere a la oposición en general.
Desde que se aprobó la ley se ha detenido a 34 opositores, entre ellos los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. A todos se les ha acusado de conspiración, traición a la patria o blanqueo de capitales. En todos esos casos, la Fiscalía no identificó ninguna acción que sustentara los cargos contra los acusados. De hecho, los fiscales han llegado a repetir exactamente las mismas palabras de la acusación en los diferentes expedientes, según ha desvelado Human Rights Watch.
Otros dos políticos de la oposición que anunciaron su candidatura, María Asunción Moreno y Luis Fey, abandonaron Nicaragua por motivos de seguridad.
Control del Consejo Supremo Electoral sin observadores
El Consejo Supremo Electoral (CSE) es el organismo encargado de organizar las elecciones y adoptar todo tipo de resoluciones relativas al proceso. El pasado mes de mayo, Ortega se aseguró el control del tribunal y de seis de los siete magistrados titulares. Nadie tiene la más mínima duda de que ante cualquier disputa electoral, los jueces serán leales a Ortega.
Las elecciones generales en Nicaragua no contarán con observadores internacionales. Hasta ahora ni la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea o el Centro Carter han notificado su participación. Lo que sí habrá son "acompañantes electorales", políticos de partidos afines al Frente Sandinista entre los que se encuentran el Partido Comunista de España, Veteranos por la Paz de Estados Unidos o el Partido Comunista de Argentina.
Por si eso no fuese suficiente, una de las medidas aprobadas en la reforma de la ley electoral reduce los requisitos de responsabilidad y transparencia. El Consejo no tiene por qué publicar la metodología las directrices emitidas a los órganos inferiores. Tampoco está obligado a publicar detalladamente los resultados electorales, sino solo los generales.
Partidos eliminados y sin campaña electoral
En las elecciones tampoco van a participar tres partidos políticos opositores (Ciudadanos por la Libertad, el Partido Restauración Democrática y el Partido Conservador) porque el CSE, controlado por los jueces de Ortega, canceló la personalidad jurídica de las formaciones. A su entender, los partidos opositores violaron la ley electoral recientemente modificada a voluntad del régimen.
Para el resto de partidos que sí pueden presentarse, el CSE ha prohibido los eventos presenciales masivos, caravanas, caminatas o actos en espacios abiertos y públicos con más de 200 personas para evitar aglomeraciones debido al coronavirus. En cualquier caso, los mítines durante la campaña electoral deber ser autorizados por la Policía Nacional, dirigida por Francisco Díaz que es consuegro de Ortega.