El Tribunal Constitucional (TC) consideró "improcedente" el recurso de apelación presentado por Vladimir Cerrón al considerar que se trata de "una solicitud de aclaración" de la decisión que se emitió a mediados de julio. Asimismo, recordó que, según la ley vigente, no caben impugnaciones contra las sentencias del tribunal.
La defensa, encabezada por el abogado Luis Miguel Huayhua Quispe, alegó que la resolución no contaba con motivación suficiente para sustentar una condena por supuestos delitos de blanqueo de capitales durante la gestión de Cerrón como gobernador regional de Junín entre 2011 y 2014.
La Fiscalía peruana no solo solicitó en julio que se revocara la orden de cuatro años de prisión suspendida de la que se beneficia actualmente Cerrón, sino también además una pena de 16 años de prisión por estos supuestos delitos de corrupción cuando era gobernador de Junín.