La decisión fue tomada por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que declaró fundado "en parte" un requerimiento de la Fiscalía para que imponga a Richard Fredy Rojas García 12 meses de impedimento de salida del país. Rojas fue designado embajador en Caracas luego de que fuera rechazado con un silencio diplomático como representante del país en Panamá.
El juez John Pillaca ordenó que se informe de inmediato, "bajo responsabilidad", a las autoridades que correspondan, "a fin de dar cumplimiento a lo ordenado" en su resolución. Pillaca analizó horas antes la solicitud que presentó la Fiscalía contra el embajador y anunció que iba a comunicar su decisión sobre el pedido "de manera oportuna y en el plazo de la ley".
La Fiscalía pidió que se dicte el impedimento de salida de Perú de Rojas en el marco de una investigación que sigue por la presunta financiación ilegal de las campañas del partido marxista leninista Perú Libre, que llevó al poder a Pedro Castillo. Rojas es dirigente nacional del partido y un hombre muy cercano a Vladimir Cerrón.
El Ministerio Público sustentó hoy ante el Poder Judicial el pedido de 12 meses de impedimento de salida del país contra Richard Rojas García, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto delito de lavado de activos. pic.twitter.com/vMMlHn08qD
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 20, 2021
Durante la sesión judicial, el fiscal Richard David Rojas insistió en que esta medida era necesaria para concluir las pesquisas y evitar obstruirlas, y recordó que el delito que se imputa prevé una pena de entre 10 y 20 años de cárcel. En ese sentido, el representante del Ministerio Público aseguró que el flamante nombramiento tiene como objetivo "sustraerlo de la justicia".
Al político se le atribuye haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento de la presunta financiación ilegal de la última campaña electoral de Perú Libre. Por eso, la Fiscalía lo incluyó en septiembre pasado en la investigación por el caso denominado "Los Dinámicos del Centro", en el que están involucrados dirigentes y militantes de su partido por presuntamente haber organizado una red de cobro de sobornos a cambio de otorgar licencias para conducir en la céntrica región de Junín.