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La Fiscalía de Perú consigue los vídeos de seguridad del piso extraoficial de Pedro Castillo

El operativo investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión para favorecer a empresas que se adjudicaron contratos con el Estado.

El operativo investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión para favorecer a empresas que se adjudicaron contratos con el Estado.
El presidente de Perú, Pedro Castillo. | EFE

La Fiscalía de Perú ha allanado este martes la vivienda en la que el presidente Pedro Castillo se alojó durante la campaña electoral y en la que mantuvo reuniones extraoficiales con la empresaria Karelim López. El objetivo es conseguir las imágenes de las cámaras de seguridad directamente de la fuente, es decir, sin manipular.

Los agentes de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima han sido los encargados del operativo que se está realizando en el marco de las investigaciones abiertas por presuntas irregularidades en el proceso de licitación de la "construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga" y cuyo ganador resultó el Consorcio Puente Tarata III.

En el caso están involucrados la empresaria Karelim López y Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, más conocido por esconder 20.000 dólares en la cisterna del váter de su despacho.

La investigación tiene como fin determinar la existencia, o no, de la comisión de los delitos que puedan haber cometido los investigados, entre los que además de Pacheco y Karelim, también se encuentran miembros de Provías Descentralizado, un ente que pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Así, la Fiscalía decidió iniciar este proceso respecto a la vivienda en la que se alojó Castillo y, también, poner en marcha una investigación preliminar al propio mandatario por la presunta comisión de los delitos de tráficos de influencias y colusión en el marco de las reuniones y conversaciones que allí mantuvo con congresistas, ministros y particulares.

Por su parte, el dueño de la vivienda ha asegurado que la intervención en el domicilio ha sido ilegal y que los fiscales han "abusado de su autoridad" pues, dice, no contaban con autorización fiscal. "La mayoría de cámaras duran sus archivos una semana o quince días, habría que verlo, yo no tengo la menor idea de qué máquina se ha comprado aquí", ha defendido el propietario, quien ha asegurado que se ha puesto a disposición de las autoridades porque no tiene "nada que ocultar".

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