El régimen sandinista en Nicaragua ha ordenado este jueves el cierre de otras siete universidades privadas, con lo que el número de casas de estudios superiores ilegalizadas desde diciembre pasado se eleva ya a 14. El argumento utilizado para cerrar las universidades que funcionan como centros de pensamiento crítico a la dictadura de Daniel Ortega es que las universidades "han incumplido con la entrega de los informes financieros".
La última orden, publicada en La Gaceta oficial, afecta a la Universidad Internacional de la Florida, la Universidad Estatal de Michigan y la Corporación Universidad de Mobile, todas ellas originarias de Estados Unidos; así como las costarricenses Asociación Universidad Thomas More (UTM) y Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM) y a la panameña Fundación Universidad Particular en Ciencias del Mercado.
El Ministerio de Gobernación les acusa de incumplir la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, que establece obligaciones en materia de registro de directivos, notificación de fondos o informaciones fiscales, entre otras, según el diario La Prensa.
El cierre de estas universidades se suma al de otras cinco que fueron ilegalizadas el miércoles por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, a petición del Ministerio de Gobernación. Los cierres afectaron a la Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE), , la Universidad Paulo Freire (UPF), Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC), la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH) y la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), que estuvo tomada por los estudiantes durante dos meses en las protestas de abril de 2018.
A mediados de diciembre pasado, el Parlamento canceló la personalidad jurídica de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y luego hizo lo mismo con la Fundación Universidad de Mobile Latinoamérica Campus (Fumlac).
Las universidades fueron uno de los focos de protestas en 2018, cuando miles de personas se manifestaron contra la dictadura de Ortega en unas movilizaciones sin precedentes en las que fallecieron unas 400 personas. Con los políticos opositores en la cárcel, el cierre de los centros educativos supone una medida represiva más destinada a eliminar cualquier foco de pensamiento crítico contra el régimen sandinista. No son las únicas organizaciones vetadas por el régimen de Ortega. Desde 2018, un total de 87 entidades locales se han ilegalizado a petición del Ejecutivo de Ortega.
El departamento estatal encargado de la educación universitaria ha prometido hacerse cargo de los alumnos afectados, que serán absorbidos en universidades del gobierno e incluso se les rebajará sus tarifas.