La Justicia cubana ha condenado a 127 personas a un total de 1.916 años de cárcel "por subvertir el orden constitucional de forma violenta" durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la isla, según confirma el Tribunal Supremo de Cuba en un comunicado publicado en su web. Los condenados, entre los que Prisoners Defenders asegura que hay menores de edad, tendrán que cumplir penas de entre 4 y 30 años de cárcel.
La nota del alto tribunal cubano no especifica las edades. Pero la mencionada ONG señala que hay 7 jóvenes de 16 y 17 años que han recibido penas de entre 7 y 19 años de prisión, y otro más al que se le ha impuesto trabajo correccional. Algo que el director de la organización califica de "barbaridad". Javier Larrondo insiste en que las manifestaciones del 11J "fueron pacíficas".
La reacción de la Embajada de Estados Unidos en Cuba tampoco se ha hecho esperar. A través de su cuenta en la red social Twitter, ha advertido de que "el régimen de Cuba ha mandado un mensaje" con estas sentencias. "Dice que protegen los Derechos Humanos mientras que condenan a decenas de manifestantes del 11J" a penas de entre 4 y 30 años de cárcel por ejercer "su libertad de expresión".
El régimen de #Cuba ha mandado un mensaje hoy diciendo que protegen los derechos humanos mientras que también condenan a decenas de manifestantes del #11J a penas de entre 30 y 4 años por expresar su libertad de expresión.
— Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) March 17, 2022
Juicios sin garantías
"Los juicios se realizaron con observancia del debido proceso y estricto respeto de los derechos y garantías constitucionales de los acusados y de sus abogados de la defensa, según lo establecido en la legislación vigente, incluyendo la práctica de las pruebas propuestas, tanto por la fiscalía en su acusación, como por los encartados y sus representantes procesales. Al acto judicial asistieron varios familiares y amigos de los implicados, quienes pudieron presenciar la profesionalidad y transparencia con que se desarrollaron las audiencias", asegura el texto.
Sin embargo, precisamente las familias de los acusados -junto con activistas y ONGs- denuncian todo lo contrario desde el inicio de los procedimientos, llegando a asegurar que el régimen comunista habría fabricado pruebas falsas. Algunos de ellos lo han contado en LD. Cabe recordar el caso de Walnier Aguilar, de 21 años, discapacitado y padre de dos niñas pequeñas. Sus padres denuncian que el juicio fue una farsa, "una vil mentira".
Los argumentos del régimen
La nota del alto tribunal recoge que la Justicia cubana considera que ha quedado "probado y demostrado que el 11 de julio de 2021, en la Esquina de Toyo, municipio de Diez de Octubre, obedeciendo instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior, los acusados intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta".
Según señala el texto, "lanzaron piedras y botellas contra varios funcionarios, agentes del orden interior, instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, autos patrulleros; voltearon una moto y carros pertenecientes a la Asamblea Municipal del Poder Popular y provocaron lesiones a otras personas y graves daños materiales".
Por otra parte, dice, "otro grupo de acusados, el 12 de julio de 2021, en la localidad de La Güinera, municipio de Arroyo Naranjo, salieron a las calles de ese territorio y convocaron a los transeúntes y vecinos a que se les unieran; lanzaron piedras, palos, botellas y cocteles molotov contra agentes del Ministerio del Interior y otros trabajadores de instituciones estatales".
Todos ellos fueron procesados "por cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana", reza la nota de prensa. Hechos a los que el tribunal se refiere como "sucesos deliberadamente organizados" que -justifica- son de mayor importancia por "la situación compleja que atravesaba el país, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19".
Represión y desproporción
Los condenados niegan los hechos que se les imputan. Pero, aún siendo ciertos, las penas recogidas en las distintas sentencias seguirían siendo absolutamente desproporcionadas, como señalan distintas organizaciones no gubernamentales que -además- denuncian las terribles condiciones en las que los manifestaciones están en la cárcel desde que los arrestaron.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos asegura que el régimen comunista ha aumentado la presencia militar en las calles, ante la previsión de la sentencias por el 11J pudieran aumentar el malestar social en la isla y esto provocara algún tipo de protesta en las calles. Un hecho que valoran como un acto de represión hacia la población civil.
🔴 En el día de ayer se incrementó la seguridad militar en las calles de La Habana debido a las sentencias a manifestantes del #11JCuba. Entre los condenados hay menores con sanciones que van desde los 10 hasta los 19 años de cárcel.#Cuba #SOSCuba #NoALaRepresion pic.twitter.com/CklTsrbWUj
— Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) March 16, 2022
Está por ver qué ocurre con el resto de los procesados por el 11J. La Fiscalía General reconoció un total de 780, 55 de ellos menores de entre 16 y 18 años, en un comunicado -publicado el 15 de enero- en el que decía informar sobre "la respuesta legal dada a los graves hechos ocurridos el 11 de julio de 2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista".