El 6% de la Amazonia, el bosque tropical más grande del mundo, pertenece a Venezuela. Una extensión de alrededor de 400.000 kilómetros de selva amazónica ‘maravillosa’ (declarada una de las siete maravillas del mundo en 2011) que está siendo devastada por la minería ilegal que ha impulsado el régimen chavista durante los últimos 20 años.
La región amazónica de Venezuela, que se extiende al sur del río Orinoco, acoge 29 áreas protegidas: 8 parques nacionales, 19 monumentos naturales y 2 reservas de la biosfera. Una riqueza natural incalculable que no ha sido suficiente para frenar las ansias del narcoestado chavista por encontrar nuevas fuentes de dinero.
Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han implementado distintos programas para explotar las reservas de oro, diamantes y coltán de la región, sin importarles el impacto que tendrían en su gente y en el medio ambiente. El resultado ha sido catastrófico: el ecocidio de la Amazonia venezolana. Un lado oscuro del paraíso -haciendo alusión al título de la conferencia- sobre el que Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco, intenta arrojar luz desde 2018.
Política minera criminal
Según ha relatado este martes, durante la presentación en Casa de América, cuando le llegaron los rumores de que había minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, la ‘joya de la corona’ de la región amazónica de Venezuela, se puso a investigar. Lo que se encontró: "Mucho miedo y poca información".
"En un país totalitario como este es muy difícil denunciar", ha señalado, "es peligroso porque no sabes dónde puedes acabar". Ese es el motivo fundamental por el que decidió poner en marcha la ONG y trabajar con colaboradores anónimos, una vez que la UNESCO le confirmó que aceptaría los informes que realizaran los expertos si "eran técnicos y estaban bien realizados".
"El régimen de Maduro ha eliminado toda la información", explica, así que SOS Orinoco se dedica a georreferenciar las explotaciones mineras con imágenes satelitales. Lo que han descubierto es que no sólo se encuentran en el Arco Minero anunciado en 2016 y que tiene una extensión de 112.000 kilómetros cuadrados -equivalente a Portugal- si no que se están extendiendo hacia al sur del Orinoco.
Maduro -antes Chávez- y sus secuaces se están enriqueciendo a costa la Amazonia y los pueblos indígenas, acometiendo una política minera criminal y descontrolada que "beneficia a personas de muchos niveles", pero especialmente a "los jerarcas del chavismo". A Burelli no le duelen prendas y señala directamente al presidente venezolano y a Delcy Rodríguez.
Política minera criminal de @NicolasMaduro abarca TODO el sur de Venezuela, incluso #AreasProtegidas como la Reserva Hidráulica del río Icabarú | 2.132 hectáreas de bosques = 2.800 campos de fútbol destruidos en el río Uaiparú dejan cráteres abiertos por minería de #orodesangre pic.twitter.com/vyghNVnYMv
— SOS Orinoco (@SOSOrinoco) February 25, 2022
Las consecuencias del negocio
El efecto más evidente de la actividad minera en la selva amazónica venezolana es la degradación del ecosistema. Se está produciendo un proceso de "envenenamiento" por culpa del mercurio que se utiliza en las explotaciones. Su uso -por cierto- "también es ilegal", destaca Burelli. Afecta al medio ambiente pero también a las comunidades indígenas, como ha ocurrido con el pueblo Pemón.
Pero es que además ha desencadenado una crisis sanitaria por el resurgimiento de enfermedades como la malaria. "Venezuela ha pasado de ser un ejemplo en su erradicación a ser el país con más casos de Latinoamérica", advierte la fundadora de SOS Orinoco. En buena medida, se debe a "las piscinas de las minas de oro, donde se reproduce el mosquito que infecta a la gente".
La minería ilegal en el Edo. Bolivar y el Edo. Amazonas están convirtiendo a #Venezuela en EXPORTADORES de Malaria. Brasil reconoce el grave problema que esto representa #sosOrinoco @MPPSalud @MineaOficial @CorreodelCaroni pic.twitter.com/pvg7YYfmIe
— SOS Orinoco (@SOSOrinoco) May 23, 2018
En el marco de este negocio ilícito, habría hablar también de la pérdida de soberanía de la población y de la violación de derechos humanos e indígenas. El régimen de Maduro ha cedido terrenos del sur de Venezuela a actores transnacionales no estatales y mantiene una pugna con el pueblo Pemón por el dominio de sus tierras ancestrales. En la actualidad, las FARC controlan áreas de una gran extensión con el beneplácito de la Guardia Nacional Bolivariana. El oro, está detrás de todo.
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