La región de la Guayana venezolana, que comprende los tres estados al sur del Orinoco (Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro), ha experimentado un enorme aumento de la violencia, asociada fundamentalmente a la actividad de Grupos Armados Organizados (GAO) -aprobaba y propiciada por el Gobierno venezolano- en relación con la minería ilegal y otros negocios ilícitos que se derivan de ella.
Una trama criminal capitaneada por los jerarcas chavistas, que se han repartido la Amazonia venezolana para sacar tajada y han dejado el control de las minas a bandas criminales, sin importarles las consecuencias. Éstas se han instalado y sembrado el pánico entre la población, que -en ocasiones- se ve obligada a marcharse por miedo a ser víctima de la violencia de algunos de estos grupos, que operan en sus "feudos" con total impunidad.
Estas son algunas de las conclusiones que podemos extraer del último informe de SOS Orinoco, que se publica este miércoles y que la fundadora de la ONG, Cristina Burelli, presenta en primicia para LD. "Toda la actividad minera de oro en Venezuela esta montada sobre una estructura delincuencial con ramificaciones internacionales de la cual el Gobierno (de Maduro) es el cerebro", asegura.
Cabe señalar que la región en cuestión abarca la mitad del territorio nacional, pero en ella vive sólo el 7% de la población venezolana. Por ese motivo, llama la atención los niveles de violencia que tienen en los diferentes estados, con el de Bolívar a la cabeza. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) estima que en el año 2017 registró una tasa de 113 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que le convirtió en el cuarto estado con más violencia del país. Desde entonces, las cifras han ido aún a peor. En 2018 pasó a tener la tercera mayor tasa a nivel nacional, y en 2019 escaló hasta el segundo puesto. A partir de ahí, no ha bajado del podio.
No pasa inadvertido que este ascenso de la violencia coincide en el tiempo con la proliferación de la minería ilegal en la región, con el amparo del régimen chavista y el impulso de Nicolás Maduro con el decreto -en 2016- del Arco Minero del Orinoco (AMO), denominado así con la clara intención de ofrecer una imagen más amable y "ecosocialista", término que le gusta usar al presidente venezolano y lo ha convertido en un ministerio.
No es casualidad que tres de los cinco municipios más violentos del país se encuentren en la zona minera del estado Bolívar, con tasas de muertes violentas excepcionalmente altas: en El Callao, de 511; en Sifontes, de 189; y en Roscio, de 125 (por cada 100.000 habitantes). Tampoco lo es que Amazonas fuese el tercer estado más violento del país en 2017 (aunque en los años siguientes ha ido disminuyendo) o que Delta Amacuro se situase en la cuarta posición del ranking en 2021.
Los GAO, colaboradores necesarios
El sur del Orinoco alberga una extraordinaria riqueza de recursos minerales. Así que, ante la falta de protección de esa parte de la Amazonia -la venezolana- por parte de las autoridades del país, la extracción ilegal de oro y diamantes se ha convertido en una auténtica amenaza para el medio ambiente y la población indígena. Un problema que se ha acentuado con el colapso de la economía y el desmantelamiento de las industrias básicas de Guayana.
Es entonces cuando el gobierno de Nicolás Maduro pone la vista en la riqueza mineral del sur de Venezuela y ve en ella una fuente inmediata de recursos económicos. Con este objetivo fue decretado el mencionado Arco Minero, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, que fue declarado ilegal e inconstitucional. Y es que no se realizaron los estudios de impacto ambiental y sociocultural ni los procesos de consulta a los pueblos indígenas, como establecen las leyes venezolanas.
Aún así, esos 112.000 km2 de terreno, pertenecientes al estado Bolívar, debían atraer inversiones de capital para desarrollar el sector industrial minero, pero -dada la falta de transparencia y legalidad del Gobierno venezolano- la oferta no resultó lo suficientemente atractiva y se tradujo en muy pocos acuerdos. Es entonces cuando Maduro, que no estaba dispuesto a renunciar a su trozo del pastel, dio vía libre a explotación minera irregular, totalmente descontrolada y sin límites geográficos. El resultado: fue extendiéndose por todo el sur del país, incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas.
Desde entonces se agudizaron tanto los daños ambientales y sociales como la inseguridad, los asesinatos y los conflictos con las comunidades locales, en un contexto de lucha por el control del territorio minero. Como parte de este conflicto han intervenido grupos irregulares armados, organismos de seguridad del Estado y poblaciones mineras. "La eficiencia del sistema instaurado en Venezuela para la producción de oro depende totalmente de mecanismos de control basados en la violencia extrema y la violación de los DDHH", advierte Burelli.
La investigación de SOS Orinoco
Desde el año 2018, SOS Orinoco ha venido siguiendo y visibilizando los impactos ambientales y sociales que la minería irregular está ocasionando en la región, particularmente en los parques nacionales y otras áreas protegidas. En paralelo, han descubierto una gran trama delincuencial organizada que llega a todos los niveles del poder político y militar. Y, como recoge en su nuevo informe, uno de los actores clave dentro de la misma son los Grupos Armados Organizados.
Esta última investigación versa precisamente sobre la presencia, actividad e influencia de los GAO en la actividad minera al sur del río Orinoco y determina que en las zonas donde hay explotaciones están principalmente bajo el control de grupos armados organizados, que además están en permanente conflicto.
Entre ellos, se incluyen los llamados "sindicatos mineros" -por su origen- hoy convertidos en bandas criminales (ver capítulo 3 del informe de SOS Orinoco), los "pranatos" (grupos criminales liderados por presos desde la cárcel), las mega-bandas y los guerrilleros de origen colombiano, como el ELN y las disidencias de las FARC. El periodista venezolano Germán Dam los ha retratado en innumerables ocasiones, a pesar de la dificultad que entraña captar la instantánea.
— Germán Dam (@GEDV86) October 2, 2019
Varios de estos grupos actúan con la anuencia y el apoyo de los altos jerarcas del régimen de Maduro y su cúpula militar, a través de un sistema que garantiza que una alta proporción de los minerales extraídos llegue a sus manos. A cambio, los GAO perciben una buena porción de las ganancias que constituyen una de las principales fuentes de financiación de estos grupos criminales, según ha podido constatar la ONG.
Se estima que entre 70% y 90% del oro sale del país de manera ilegal, en operaciones que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial, denuncia Transparencia Venezuela y recoge SOS Orinoco en su informe. En cambio, otros GAO no cuentan con el apoyo del gobierno y son combatidos por otros grupos armados alineados con el Maduro y sus secuaces.
El ELN (Ejército de Liberación Nacional de Colombia), por ejemplo, cumple esa función habitualmente. Algo que "debería asustarnos", advierte Burelli. Considera especialmente grave "que el régimen de Maduro invitó especialmente al ELN para eliminar bandas criminales no alineadas con el régimen y allanar el terreno para controlar el Arco Minero".
Los GAO afines están encargados del control territorial y la imposición del "orden" en las minas. Regulan el acceso, supervisan y fiscalizan a todas las personas que entran o salen de las explotaciones. Las normas son muy estrictas y los castigos -para los que las incumplen- duros y macabros: palizas, disparos en las manos, amputaciones y -en muchas ocasiones- la muerte.
Es habitual que las ejecuciones se realicen en público, con fines ejemplarizantes. Según recoge el informe de SOS Orinoco, algunas victimas han sido desmembradas con motosierras, hachas o machetes, a la vista de todos. En otras ocasiones, simplemente hacen "desaparecer" a aquellos que suponga un peligro para la seguridad o incumplan algunos de sus dictados. A veces, sus cuerpos son encontrados -con posterioridad- mutilados o descuartizados.
Todo por el oro. De ahí lo de "oro de sangre, para referirse al oro venezolano", como recuerda la fundadora de la ONG. "No es una metáfora, es literal", asevera. "Lo que más llama la atención en este informe es que la mayoría de los GAO son aliados del régimen de Nicolás Maduro", añade.
Extorsión y negocios ilícitos
Una de las principales fuentes de ingresos de estos GAO es la extorsión. Ofrecen protección a cambio de oro, que ha pasado a ser la moneda de uso regular para todo tipo de transacciones económicas en las zonas mineras. Es lo que se conoce como el pago de "vacuna". Un peaje que no sólo afecta a los trabajadores de la mina, si no a todos los que entran en ellas: comerciantes, transportistas, trabajadoras sexuales, etc. Y, además, se lo cobran a todos los establecimientos y prestadores de servicios que se encuentren dentro de sus zonas de control.
Como cabe esperar, los GAO se dedican a todo tipo de negocios ilícitos vinculados o no a la economía minera. Entre ellos, podemos mencionar el narcotráfico, el tráfico de minerales y mercurio, el contrabando (de armas, combustible o alimentos), la extracción irregular de madera, o la trata de blancas. Operan a través de una amplia red de socios criminales que incluyen cárteles de Colombia, Centroamérica, México o Brasil. En la trama también son importantes las alianzas con socios internacionales para la comercialización del oro y otros minerales.
Y todo ello es gracias a que controlan extensas áreas del sur del país, con el visto bueno del régimen de Nicolás Maduro y en complicidad con las FANB que -por la vía de los hechos- han cedido la soberanía de esa zonas a los grupos criminales. Según recoge el informe de SOS Orinoco, pasan a ser los "gobernantes" y administran los recursos a su antojo.
La ONG tiene constancia de que algunos GAO destinan parte de las ganancias para financiar el funcionamiento de escuelas o centros médicos. Es una manera de ganarse el respaldo de los habitantes de la zona y crear sus propios "feudos", donde se refugian y se hacen fuertes, incluso reclutando a los más jóvenes.
Masacres y ejecuciones
La proliferación de grupos armados ha generado enfrentamientos violentos entre bandas criminales, grupos de la guerrilla colombiana, cuerpos de seguridad estatales y la FANB, en permanente conflicto por el control de zonas mineras. Los expertos de SOS tienen documentados cruentos episodios, como la masacre de Tumeremo -ocurrida en marzo de 2016- en la que se presume que 28 mineros fueron ejecutados. 17 cuerpos fueron hallados en una fosa común con disparos en la cabeza y desmembrados con motosierras, pero el resto permanecen desaparecidos.
#13Ene Leocer José Lugo Maiz (19A) sufrió amputación de sus manos, así como extirpación de ojos y lengua en el sector El Perú de El Callao. Es oriundo de la Parroquia Simón Bolívar de San Félix. Había robado varios campamentos mineros en Yin-Yan.#Bolívar#Venezuela pic.twitter.com/pLHDZK3OUR
— Germán Dam (@GEDV86) January 14, 2019
Una situación a la que hay que sumar la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas Nacionales. La respuesta por parte del Estado ante el auge delictivo se ha reducido al exterminio. La tasa de ejecuciones extrajudiciales ya supera a la de homicidios de cualquier otro tipo. Según datos del Observatorio Venezolano de Violencia, en el municipio de Roscio -por ejemplo- los operativos policiales y militares mataron cinco veces más que los delincuentes en 2017.
En septiembre de 2019, habitantes de Tumeremo denunciaron al comandante del Ejército Ernesto Solís Mares de ser el responsable de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de más de 400 mineros en los 3 años anteriores, así como de facilitar la presencia de grupos armados. Entre 2012 y 2020, se produjeron al menos 38 masacres en zonas donde había explotaciones de minerales. En las acometidas entre 2016 y 2020, fueron asesinadas 217 personas, la mayor parte a manos de cuerpos de seguridad del Estado, pero también por parte de "sindicatos", el ELN y las FARC.
Esta práctica, por llamarla de alguna manera, se ha consolidado en los últimos años. Entre el 2019 y 2020, 426 personas fueron ejecutadas por funcionarios de cuerpos de seguridad en el estado Bolívar, según datos de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU). El miedo a ser víctima de la violencia ha propiciado una ola de desplazamientos poblacionales hacia otras zonas del país y a países vecinos.