
"En Cuba se tortura", así de contundente es el informe presentado este miércoles por distintas organizaciones civiles internacionales que han denunciado -desde México- que los presos de los 11J son castigados física y psicológicamente en las cárceles de la isla, donde hay "hacinamiento" y se propagan "enfermedades como la sarna". Al menos 100 reos "murieron bajo condiciones inhumanas", ha asegurado el investigador José Gallego, de Cubalex.
#EnCubaSeTortura
— Cubalex (@CubalexDDHH) May 18, 2022
Nuestro equipo ha documentado una serie de técnicas de tortura que implementan las autoridades carcelarias en Cuba y que varios prisioneros políticos corroboraron con sus testimonios. A continuación anunciamos una de estas técnicas.
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Más de 1.200 cubanos han sido encarcelados por motivos políticos en el último año, la mayoría en relación con las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021. Muchos de esos reos reciben castigos físicos y psicológicos, torturas que han sido documentadas y denunciadas ante las Naciones Unidas -en el mes de marzo- por la organización española Prisoners Defenders.
Como venimos contando en LD, con la colaboración de expertos y los testimonios de familiares de presos cubanos, en las cárceles de la isla caribeña se produce una violación sistemática de los derechos humanos, especialmente de los CR (contrarrevolucionario). Es la etiqueta con la que el régimen comunista marca a los disidentes y que ahora abunda entre los participantes en las protestas antigubernamentales del 11J. El pueblo pidió libertad y la dictadura lanzó la peor ola de represión que se recuerda en Cuba.
Durante la conferencia celebrada en Ciudad de México, las organizaciones participantes han abordado la situación actual en la isla en relación con las Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU dirigidas al Estado cubano, el 29 de abril. Una revisión importante debido a que Cuba forma parte de la Convención y no ha ratificado otros instrumentos internacionales en materia de regulación de derechos humanos, ha explicado Olga Guzmán, de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Unidos contra la tortura
"La razón por la que nos hemos reunido", ha espetado Guzmán, "es la preocupación por la violación de los derechos humanos en Cuba". La portavoz de la OMCT ha destacado el aumento de la represión -por parte del régimen comunista- a partir de las protestas del 11J, las detenciones arbitrarias, así como la falta de independencia del poder judicial y también de salvaguardas. "Impiden la disidencia política", sentencia.
Según ha detallado, "el 13 mayo, el Comité de Naciones Unidas presentó un informe relevante para poder exigirle al estado cubano que cumpla las recomendaciones con respecto a los derechos humanos". Y eso han hecho, unirse para reclamar a la dictadura que pare la maquinaria represiva que puso en marcha el 11 de julio de 2021.
Los números hablan por sí solos. Desde el 11J, el número de presos políticos se ha multiplicado por diez y en las semanas posteriores a las protestas se produjeron más de 5.000 detenciones, como ha recordado Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, que ha destacado que de ellos sólo el 20% han sido identificados. Entre los que sí se han verificado (1.218), se encuentran 36 menores de edad.
El precio de la disidencia
"Todas fueron detenciones arbitrarias, todos los casos violaban el debido proceso, todos los presos han sufrido torturas", sentencia. Respecto a las garantías legales de los procesados, Larrondo ha denunciado que "el juez actúa como fiscal, como abogado y como tribunal". "La situación es tremenda", añade, "el 11 de julio el mundo se vio la verdadera naturaleza del régimen. El pueblo salió a las calles sin saber que esto podía significar condenas de 10 a 30 años de cárcel".
Esa es la realidad de la dictadura cubana que la izquierda europea intenta banquear. "Hay más de 11.000 condenados a entre 1 y 4 años de cárcel sin haber cometido ningún delito, solamente -y es textual, leído del artículo 72 del Código Penal- por observarse una conducta en contradicción manifiesta de la moral socialista", asevera el activista.
El futuro no pinta mejor. "En este informe damos cuenta de cómo el Estado cubano no ha parado en echar a andar la maquinaria institucional para callar voces que buscan informar a la sociedad. Recién se aprobó un Código Penal represivo", ha lamentado Claudia Ordóñez, de la plataforma Artículo 19.
"En este informe damos cuenta de cómo el Estado cubano no ha parado en echar a andar la maquinaria institucional para callar voces que buscan informar a la sociedad. Recién se aprobó un Código Penal represivo, que abona al clima adverso para los DH"@claudia_oviquez, ARTICLE 19 pic.twitter.com/7Sf2kHZwpq
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) May 18, 2022
"Moderno y ajustado a su realidad", así define el periódico oficialista Granma el nuevo Código Penal, que fue aprobado el pasado domingo. Pero la realidad es que restringe aún más las libertades de pueblo cubano e institucionaliza la violencia del Estado, eximiendo de responsabilidad a quienes la ejerzan par "repeler o impedir un peligro o daño a los intereses sociales del Estado". La dictadura se cura en salud ante la posibilidad de haya un nuevo estallido social en la isla.
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