El nuevo fiscal de la Nación de Perú, Pablo Sánchez, amenaza con convertirse en la némesis del presidente Pedro Castillo. A pesar de que la Constitución blinda al presidente, este domingo ha ordenado la investigación contra Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada (contratos o acuerdos a dedo que acaban perjudicando al patrimonio del Estado).
Desde que ocupó la presidencia de Perú, Castillo ha aprovechado las administraciones del Estado para enchufar amigos de Perú Libre, repartir ministerios a conveniencia y utilizar el dinero público para pagar favores, según han señalado los testigos e investigados en el caso Puente Tarata, en el que también están imputados los sobrinos de Castillo, actualmente prófugos.
Gracias a esos testimonios, la Fiscalía investiga a Castillo desde el año pasado por varias denuncias de presunta corrupción referidas a la adjudicación irregular de la compra de biodiésel, también por presiones en los ascensos militares y por la licitación para la construcción del Puente Tarata a través de un presunta red mafiosa instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El problema es que el artículo 117 de la Constitución de Perú establece que el presidente sólo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; o por disolver el Congreso fuera de los casos previstos en la Carta Magna. Es decir, mientras Castillo sea presidente, es intocable.
Por ese motivo, la anterior fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió dos investigaciones preliminares contra Castillo, una de ellas relacionada al caso Puente Tarata, pero finalmente decidió suspenderlas hasta que el presidente culminara su gestión.
La estrategia del nuevo fiscal
El nuevo fiscal, Pablo Sánchez, ha optado por otra estrategia mucho más agresiva. Aunque la Constitución limita los casos en los que el presidente puede ser acusado, no dice nada sobre los supuestos en los que debe ser investigado. Así que Sánchez ha decidido empezar a investigar ya a Castillo, para proceder a su acusación cuando la Constitución lo permita.
De este modo, Castillo se convierte en el primer presidente de Perú investigado mientras está en el cargo. Según ha explicado el fiscal, Castillo ya ha sido notificado de la disposición y se ha ordenado su declaración indagatoria, en adición a las otras diligencias, "las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos".
Con respecto a una posible reforma de la Constitución, la formación centrista Partido Morado (similar a Cs en España) presentó el pasado mes de febrero un proyecto de ley para permitir que el presidente de la República pueda ser investigado en su Gobierno por delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios. Pero la propia formación acabó retirando la propuesta porque, aseguran, se estaba utilizando para fomentar "una presunta conspiración antidemocrática".
Karelim destapa la "red criminal" de Castillo
Las investigaciones contra Castillo responden, en parte, a las confesiones de la empresaria Karelim López, quien acusó al jefe de Estado y a su entorno más cercano, incluidos a varios sobrinos, de haber formado una red criminal para adjudicar ilegalmente contratos y obras en el Estado.
Durante un interrogatorio ante la comisión de Fiscalización del Congreso, López mencionó entre los presuntos integrantes de esa organización al exsecretario presidencial Bruno Pacheco (el hombre que escondía 20.000 dólares en la cisterna del váter de la oficina), así como a exministros, empresarios y sobrinos del gobernante, para quienes se han dictado 36 meses de prisión preventiva, pero que actualmente son prófugos de la Justicia.
"Me ratifico en decir que él (Castillo) es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes, porque sus sobrinos no llevaban a empresarios a que se vean con él por gratitud", afirmó en esa oportunidad.