La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por diputados del régimen dictatorial de Daniel Ortega, ha ordenado que se cierren cien organizaciones civiles de diversos ámbitos. Es un paso más en el marco de la represión en que Ortega está sumiendo al país, que está llegando a un extremo tal en el que en esta última lista de entidades prohibidas se incluye hasta una asociación de veteranos sandinistas.
El parlamento nicaraguense controlado por la dictadura ha aprobado un decreto presentado el pasado 3 de agosto con el voto a favor de los diputasos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido liderado por Ortega y por su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Como decíamos, llama poderosamente la atención que entre las organizaciones afectadas por esta última –por ahora–, medida represiva está la Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos del FSLN de Chinandega 9 de Septiembre. Se trata de una facción del sandinismo de la que el oficialismo se ha ido distanciando a raíz de las peticiones del grupo de más ayuda y de las críticas de este sector a Murillo, la todopoderosa primera dama y vicepresidenta.
Con esta nueva oleada ya son nada más y nada menos que 1.350 las ONG canceladas sólo en lo que va de año, según el diario La Prensa, que anticipa nuevos bloqueos. De hecho, un diputado del régimen presentó este martes otro texto con cien ONG a prohibir, por lo que previsiblemente a corto plazo la lista negra se ampliará.