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El Grupo de Puebla, la alianza comunista en la que están PSOE y Podemos, se vuelca con Cristina Kirchner

Censura que se juzgue por corrupción a los líderes de extrema izquierda. España está representada por Zapatero, Díaz, Lastra o Garzón.

Censura que se juzgue por corrupción a los líderes de extrema izquierda. España está representada por Zapatero, Díaz, Lastra o Garzón.
Cristina Fernández de Kirchner y Baltazar Garzón, en un encuentro pasado. | EFE

El liberalismo económico y político debe desaparecer de Iberoamérica. Da igual que eso suponga un lastre para el desarrollo del continente, que millones de familias pierdan parte del nivel de vida ganado con el sudor de su frente o que la pobreza vuelva a castigar a la población. El objetivo es implantar políticas populistas, una nueva suerte de neo-comunismo, a imagen y semejanza de lo establecido en la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro o en la Bolivia de Evo Morales.

Ése es el objetivo con el que nació el Grupo de Puebla, una alianza política, que funciona también a modo de foro de ideas no reglado, y que está comandando por personalidades políticas de extrema izquierda tanto de Iberoamérica como de España. Es la versión ultra-elitista del Foro de Sao Paolo, la alianza de partidos fundada en los noventa para reorganizar el espacio pro-soviético de América Latina una vez que cayó el Muro de Berlín y la Unión Soviética pasó a mejor vida.

De él forman parte políticos que han ocupado espacios importantes de poder en sus países. Esos que pueden ser considerados como personalidades de alto nivel, a los que se estima capacitados para dar lecciones y recomendaciones de política aquí o allá, aunque después de pasar por el poder en sus respectivos países lo dejasen todo como un solar. Aunque terminaran siendo echados a gorrazos por su electorado porque dejaron el país en la quiebra económica y social.

Está integrado por varios expresidentes como Luda Da Silva (Brasil), Dilma Rousseff (Brasil), el exterrorista tupamaro José Mujica (Uruguay), Fernando Lugo (Paraguay), Rafael Correa (Ecuador), Manuel Zelaya (Honduras), José Luis Rodríguez Zapatero (España) o Evo Morales (Bolivia), entre otros, a los que se unen presidentes en ejercicio como Alberto Fernández (Argentina), Luis Arce (Bolivia) o el exterrorista del M-19 Gustavo Petro (Colombia).

También forman parte del mismo vicepresidentes en activo y exvicepresidentes; un largo elenco de ministros en activo y exministros, diputados, senadores… y hasta candidatos presidenciales que perdieron sus elecciones. Provienen de 16 países iberoamericanos y España. Y en los últimos años se ha permitido la entrada a miembros de la denominada sociedad civil, pero eso sí, que sean supuestamente prestigiosos dentro del espectro político de la extrema izquierda.

España cuenta con varios representantes. Y no sólo se trata del expresidente Zapatero, que después de dejar el país en la ruina se ha dedicado a moverse por Iberoamérica alentando todo tipo de populismos y siendo el máximo protector internacional de la Venezuela bolivariana. También están la vicepresidenta Yolanda Díaz, la ministra Irene Montero, la socialista Adriana Lastra, el líder del PCE y exsecretario de Estado Enrique Santiago o el exmagistrado Baltasar Garzón.

En los últimos días, el Grupo de Puebla ha tenido que dar un frenazo a su objetivo de expandir su influencia por Hispanoamérica para tratar de apuntalar a una de sus referentes, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta actual de su país, que se encuentra contra las cuerdas después de haber sido acusada por la Fiscalía de formar parte de una trama criminal que saqueó el país con concesiones de obra pública irregular.

El grupo ha hecho público un comunicado en el que muestra su rechazo a la "guerra jurídica (lawfare)" que a su juicio se lleva a cabo contra Kirchner. La declaración plantea que se trata de "un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos". Además, advierte sobre "los graves riesgos que entraña para la democracia argentina".

"Este caso confirma la tendencia riesgosa pero lamentablemente común a otros casos en América Latina contra expresidentes como Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales y Dilma Rousseff, con un común denominador: las retaliaciones por su labor del lado del progresismo", añaden, mostrando una vez ese denominador común de la extrema izquierda, de que su corrupción no debe ser juzgada y que tienen que tener bula para absolutamente todo una vez que llegan al poder.

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