La fiscalía de Argentina pide una pena de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de ser coautora de los delitos de asociación ilícita y administración infiel en el caso Vialidad que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras públicas en Santa Cruz. Se trata de "la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país", según los fiscales, en la que, además de la vicepresidenta argentina, hay otros doce imputados.
La novena y última jornada de alegato de la fiscalía ha arrancado este lunes bajo la amenaza kirchnerista de una revuelta social si finalmente la expresidenta resulta condenada por supuestamente beneficiarse económicamente con la concesión de contratos públicos otorgados al empresario Lázaro Báez en una "asociación ilícita" que lideraba ella misma, según la Fiscalía y por la que ha sido acusada de fraude al Estado.
Kirchner lleva semanas calentando a los suyos y este domingo, más de medio millar de alcaldes presentaron un documento en defensa de la expresidenta: "La persecución judicial sobre la vicepresidenta constituye una práctica violenta de los derechos humanos", señalaron en documento. También los diputados oficialistas expresaron en el Parlamento su rechazo y su solidaridad con la vicepresidenta: "Repudiamos todo intento de persecución política-judicial".
En la mente de los argentinos está todavía el recuerdo de la multitudinaria movilización del 13 de abril del 2016, cuando Kirchner declaró en la causa de la venta del dólar futuro, una causa que investigó las pérdidas millonarias del Banco Central por vender futuros del dólar a un precio demasiado barato. La amenaza de una revuelta social ante el resultado judicial desfavorable para la vicepresidenta ha quedado retratada también en las paredes de las calles de Buenos Aires, con pintadas amenazantes atribuidas a la asociación criminal kirchnerista La Cámpora: "Jueces macristas, con Cristina no se jode."
Última jornada de alegato
En ese clima ha comenzado este lunes la última jornada de alegato de los fiscales, que tampoco se escapan de las amenazas. De hecho, el fiscal Carlos Stornelli ha lanzado una grave advertencia en La Nación: "Siendo una país con instituciones débiles, ser un buen fiscal tiene momentos amargos. Todos nosotros sabemos que van a venir los vueltos. Esperemos no sea un tiro como con Nisman".
La sesión ha comenzado a las 8:30 hora local. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola han señalado que el tipo penal recoge de 5 a 16 años de cárcel por lo que solicitan 12 años para Cristina Kirchner y su inhabilitación perpetua, acusada de coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa de la trama mientras ejercía como presidenta de Argentina. Y en segundo lugar, se le acusa de administración fraudulenta agravada por el perjuicio ocasionado para el Estado y el ánimo de lucro personal. Además, anunció que van "a solicitar el decomiso de los instrumentos y de las ganancias obtenidas de los delitos analizados".
Sin embargo, pocas horas antes de conocer la petición de penas, la propia vicepresidenta daba la sorpresa pidiendo ampliar su declaración indagatoria para mañana martes. "Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", ha señalado la vicepresidenta a través de Twitter.
Por ello, señala, "he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto".
Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022
Caso Vialidad
El caso Vialidad juzga las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.
Según la Fiscalía, se asignaron de manera discrecional a distintas empresas del Grupo Austral Construcciones obras viales en Santa Cruz por valor de casi 8.000 millones de dólares (58,75 millones de euros). Además el informe señala que de las 51 obras adjudicadas al grupo, se terminaron 26, sólo 2 en el tiempo previsto, y solo una cumplió con el presupuesto adjudicado inicialmente. En algunos casos se llegó a superar en un 387% el valor final de la obra respecto del contrato original.
"El perjuicio patrimonial es enorme. Todo lo invertido por el Estado en las obras abandonadas debe ser considerado perjuicio. Estamos hablando de un perjuicio que ascendió a 3.571 millones de pesos. Más de 539 millones de dólares es lo que se dilapidó", ha precisado el fiscal Mola sobre las obras abandonadas por las constructoras de Lázaro Báez.
Además, según el fiscal Luciani, "Báez empleó sus empresas como parte indispensable para que la maniobra funcionara. Tenía un trato preferencial. Esto no podría haber sucedido de otro modo si no fuera porque la maniobra se encontraba dirigida desde el poder presidencial". El fiscal Mola también ha señalado que "las maniobras delictivas demuestran que hubo una asociación ilícita, en las que Néstor y Cristina Kirchner oficiaban como jefes. Se creó una ingeniería societaria, contable y legal para apoderarse de los fondos".
La vicepresidenta, de 69 años, está a la espera del inicio de otro proceso oral en su contra pero fue sobreseída ya en varias otras causas en las que fue investigada. Fernández, que en los últimos años ha sorteado las peticiones de prisión preventiva dictados en su contra gracias a los fueros que le protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de una persecución política.
El veredicto de la causa Vialidad se conocería a final de año y la pena de prisión y de inhabilitación solo sería efectiva en el caso de que la sentencia quede confirmada por la Corte Suprema de Justicia, un proceso que suele dilatarse años, por lo que todo apunta a que Kirchner no tendría inconvenientes para postularse a un cargo público en 2023.