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Lawfare, el término que une a la extrema izquierda de España e Iberoamérica y que emplean para santificarse

Consideran que todo proceso judicial contra sus tramas corruptas son una persecución de los poderosos que controlan el mundo.

Libertad Digital
Consideran que todo proceso judicial contra sus tramas corruptas son una persecución de los poderosos que controlan el mundo.
Irene Montero, Pablo Iglesias y Evo Morales. | EFE

Es uno de los términos de moda en el lenguaje político de la extrema izquierda. Y no tiene fronteras. Se utiliza de forma habitual en cualquier parte del mundo, aunque su empleo se ha multiplicado en los últimos años especialmente en España e Iberoamérica. Lo ha hecho al calor de la nueva ola de populismo extremista que trajo consigo la crisis económica mundial de 2008. Lo usan para tratar de santificarse y esconder sus pecados.

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Se trata de lawfare, un término que surge de la contracción de las palabras inglesas law (ley) y warfare (guerra), y cuyo significado viene a ser el mismo que las palabras que lo forman: guerra legal o persecución judicial. Lo que viene a decir es que hay poderes oscuros o poderosos que tienen la capacidad de utilizar la justicia de un país o los tribunales internacionales para aniquilar con procesos judiciales de apariencia legal a sus rivales políticos.

A través de estos montajes judiciales esos supuestos poderosos, los hombres que controlan el mundo desde la oscuridad, conseguirían grandes réditos políticos como la detención de sus adversarios, su inhabilitación para permanecer en política, hacer que su rival pierda sus vías de financiación y colapse económica o desprestigiarlo ante la sociedad. El mayor éxito posible sería debilitar o, incluso, deponer gobiernos.

Es curioso porque la extrema izquierda suele considerar que se produce lawfare únicamente cuando son sus dirigentes políticos los que se ven afectados por la acción judicial. Es la salida que emplean para santificarse y negar su propia corrupción. El ministro de Consumo y dirigente del Partido Comunista, Alberto Garzón, ya lo explicó en 2015 en una televisión: "un delincuente no puede ser de izquierda". Nunca nadie había dejado tan claro los tics de superioridad moral de cierta izquierda.

Lawfare es, por ejemplo, lo que el Grupo de Puebla -la alianza comunista internacional en la que están PSOE y Podemos- cree que está pasando ahora mismo con Cristina Fernández de Kirchner, que se enfrenta en Argentina a una petición de la fiscalía de 12 años de prisión y la inhabilitación política perpetua por ser parte una red de adjudicación corrupta de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. No valoran que pueda ser corrupta porque la extrema izquierda no delinque.

También lo es, a juicio de estos extremistas, la causas judicial que sacó del poder a Lula da Silva en Brasil. Lo consideran, incluso, el gran caso de lawfare o guerra judicial que han sufrido. Pero en general, todo aquello que judicialmente supone un peligro para el avance de la extrema izquierda, porque pone sobre la mesa sus tramas corruptas, suelen considerarlo como una persecución judicial. Así lo ha hecho siempre podemos en España. Y así lo ha explicado siempre Pablo Iglesias, Pablo Echenique y otros líderes del partido morado.

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