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Seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para Fernández de Kirchner por una trama que robó 480 millones de euros

La todavía vicepresidenta de Argentina podrá apelar el veredicto ante la Cámara Federal de Casación y ante la Corte Suprema de Justicia del país.

La todavía vicepresidenta de Argentina podrá apelar el veredicto ante la Cámara Federal de Casación y ante la Corte Suprema de Justicia del país.
Cristina Fernández de Kirchner a la salida de su casa en Buenos Aires, | EFE

La vicepresidenta argentina y líder de la izquierda de su país, Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ser cargo público por un delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", tal y como reza la sentencia que se ha leído en parte este martes en Buenos Aires, en presencia de los tres jueces del tribunal que la juzgaba.

Los jueces, que han condenado a la mayoría de los acusados a penas similares, aunque también han absuelto a unos pocos, estiman que Kirchner y sus cómplices robaron al erario argentino 84.835 millones de pesos, casi 480 millones de euros al cambio actual. Una cantidad que según la sentencia tendrán que devolver.

Se trata de un fallo histórico para Argentina y de toda Iberoamérica, siendo la primera condena por corrupción para un político de la relevancia de la vicepresidenta, que estaba aún en activo, que ejerció como presidenta durante ocho años y que, de hecho, tiene en sus planes presentarse a las elecciones presidenciales de octubre del próximo año. Una apuesta electoral que se complica ahora que las acusaciones de corrupción se han corroborado en los tribunales.

Pese a la importancia del momento, ni la vicepresidenta y el resto de los acusados no han estado presentes en la audiencia y han seguido el veredicto por videoconferencia. En el primer trimestre de 2023 se darán a conocer los fundamentos de la sentencia y los acusados podrán apelar, si así lo desean, en primer lugar a la Cámara Federal de Casación y en segundo lugar a la Corte Suprema de Justicia.

El ‘Caso Vialidad’

El pasado mes de agosto, la fiscalía de Argentina pidió una pena de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner, acusada de desviar cientos de millones de dólares de los contribuyentes a través de la concesión de contratos públicos otorgados al empresario Lázaro Báez, socio de negocios de los Kirchner y amigo de la familia. Para hacerse una idea de la estrecha relación entre Báez y los Kirchner, basta con recordar que el patrimonio personal del empresario creció un 12.000% entre los años 2004 y 2015 –Néstor Kirchner fue presidente de Argentina entre los años 2003 y 2007–.

En sus brillantes alegatos, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola aseguraron que la propia vicepresidenta era la que lideraba esa "asociación ilícita" y se encargó de supervisar el esquema de sobornos vinculados a proyectos de construcción de carreteras en un remoto rincón de la Patagonia. Muchas de esas obras nunca llegaron a concluirse o acabaron teniendo un coste exageradamente superior a lo presupuestado inicialmente.

Por ese motivo, los fiscales Luciani y Mola pidieron 12 años de cárcel para Cristina Kirchner y su inhabilitación perpetua por los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa de la trama mientras ejercía como vicepresidenta de Argentina. Y en segundo lugar, se le acusa de administración fraudulenta agravada por el perjuicio ocasionado para el Estado y el ánimo de lucro personal. Este segundo delito ha sido el que ha supuesto la condena de la líder del peronismo.

‘Lawfare’, amenazas a los fiscales y disturbios

La estrategia de defensa de Cristina Fernández siempre se ha basado en considerarse la víctima de "un pelotón de fusilamiento mediático-judicial" y en agitar la teoría de lawfare, la supuesta conspiración entre sectores de la política, medios periodísticos y la Justicia para perseguir a los líderes nacionales y populares. Se trata de la misma estrategia que utiliza la extrema izquierda en España y en Latinoamérica cada vez que son encausados en una trama de corrupción.

La estrategia tenía una segunda parte. Kirchner azuzó a sus partidarios para "dar la pelea" en las calles y las redes sociales se llenaron de insultos y amenazas contra los jueces y fiscales de la causa. En el recuerdo reciente de los argentinos apareció el caso del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto con un disparo en la cabeza cuatro días después de señalar a la vicepresidenta por encubrir a terroristas iraníes. De hecho, el presidente Alberto Fernández utilizó a Nisman para amenazar al fiscal Luciani durante una entrevista: "Se suicidó, espero que Luciani no haga lo mismo".

Y así, sucedió lo inevitable. A finales de agosto, una manifestación de radicales kirchneristas acabó en una batalla campal frente al domicilio de la vicepresidenta que se saldó con más de una decena de policías heridos.

Un extraño intento de asesinato

El caso Vialidad dio un extraño e inesperado giro cuando el pasado 1 de septiembre, las autoridades argentinas detuvieron a un hombre que apuntó con un arma a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta sin llegar a disparar, a pesar de que la pistola estaba en perfecto estado y llevaba cinco balas en su cargador.

La extraña reacción de los escoltas, que no pusieron a salvo a la vicepresidenta dentro de su vehículo y no llegaron a desenfundar sus armas, hizo crecer las sospechas de que el supuesto atentado era en realidad un montaje.

En el registro de la casa del detenido, un brasileño con poca vida social, tatuajes que le vinculan con la ideología nazi y pocas dotes como asesino, se encontraron un centenar de balas, objetos como lencería femenina, consoladores, un ordenador y un teléfono móvil que la policía reseteó "por error".

Las últimas palabras de Kirchner

Kirchner ha culpado a la Fiscalía de su "intento de asesinato". El pasado martes acusó a los representantes del Ministerio Público de haber "inventado hechos, ocultar otros, tergiversar y mentir" de tal modo que ello generó la condiciones para que atentasen contra su vida.

También volvió a colocar a los fiscales Luciani y Mola en en centro de la diana: "Se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar no conforme a derecho sino cual editorial de Clarín o La Nación. Merecerían ser los periodistas estrella de estos medios, porque fue increíble el desapego a las formas y al fondo de la cuestión"

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