Desde el fracasado golpe de Estado de Pedro Castillo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no dejó de apoyar al golpista para después desconocer el relevo constitucional de Dina Boluarte como presidenta del Perú.
Probablemente, además de las evidentes coincidencias ideológicas, una de las razones de esta cercanía entre el presidente mexicano y Castillo fue la solicitud del golpista de asilo político a México cuando era evidente el fracaso de su golpe, apenas minutos después de su discurso en el que anunciaba el cierre del Congreso y la reestructuración de poderes como el judicial y otros organismos como el Tribunal Constitucional.
Este extremo fue confirmado por el propio López Obrador quien días después le otorgó el asilo político a los hijos de Castillo y su esposa, Lilia Paredes, involucrada en investigaciones judiciales y señalada según la tesis fiscal como miembro de la organización criminal encabezada por el expresidente.
Confirmado este martes el asilo a los familiares, el gobierno peruano movió sus fichas y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, declaró "persona non grata" al embajador mexicano en Perú y le dio 72 horas para abandonar el país.
Canciller Gervasi: El Gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, señor Pablo Monroy Conesa, debido a las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú. pic.twitter.com/h7AkoNri5h
— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 20, 2022
En una declaración a la prensa, Gervasi señaló que "el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (...) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención".
Sobre el asilo político de los familiares de Castillo, dijo que "la Cancillería ha procedido a otorgar los salvoconductos a las mencionadas personas. El Gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que la señora Lilia Paredes se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como autora del delito de organización criminal, previsto y sancionado".
Además, Cancillería señaló en un comunicado que "las declaraciones del presidente mexicano resultan especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente".
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