Protegido en Bélgica para huir de la justicia ecuatoriana, el expresidente Rafael Correa mantiene una participación política muy activa gracias a sus influencias en la izquierda más radical de su país y a los constantes mensajes que lanza a través de Twitter, su canal favorito para seguir ejerciendo una destructiva oposición.
El acoso de esa izquierda es la que llevó al presidente Guillermo Lasso a enfrentarse a una Asamblea Legislativa que pronto dejó de lado su trabajo parlamentario para iniciar un constante ataque contra el jefe de Estado que lo llevó a enfrentarse a un juicio político y que tenía como objetivo principal su destitución.
Ante esta situación, Lasso decidió mover ficha: su movimiento responde al artículo 148 de la Constitución política ecuatoriana, que contempla la posibilidad de la "muerte cruzada", es decir la disolución del Parlamento y la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales y legislativas. La decisión fue una manera de evitar el agravamiento de la situación ya que ese artículo apunta que una de las causales para activar esa figura es una "grave crisis política y conmoción interna".
En su discurso del pasado miércoles, Lasso señaló que "Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que, lamentablemente, cada día se profundiza". También recordó que en los últimos dos años, "un sector de la política nacional ha intentado deponer al Gobierno democráticamente elegido" lo que bloqueó "las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo".
También recalcó que se trataba de "una decisión democrática" y argumentó que "no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en la próxima elección" cuya primera vuelta se celebrará tentativamente el 20 de agosto.
Desde que tomó el poder hace dos años, Lasso ha recibido el constante ataque de aquella izquierda correísta que aún mantiene esperanzas de volver al poder y manipular la justicia para permitir el regreso de su líder al país. Correa fue condenado a ocho años de prisión por un caso corrupción conocido como "Sobornos 2012-2016" que involucra al escándalo de constructoras como la brasileña Odebrecht. Además de eso, mantiene muchas investigaciones abiertas en su contra.
Para evitar la cárcel, Correa huyó de la justicia ecuatoriana en 2017 y se atrincheró en Bélgica, un país que le concedió el asilo político porque consideró válidos los argumentos del expresidente sobre una supuesta "persecución política".