El nuncio apostólico de la Santa Sede en Venezuela, el español Álvaro Ortega Martín, fue nombrado el pasado 14 de mayo y ha esperado justo tres meses para presentar sus cartas credenciales a Nicolás Maduro.
Es cierto que se trata de un acto protocolario que realizan todos los embajadores, pero llama poderosamente la atención el momento elegido para hacerlo: en mitad de la ola represiva que ha lanzado Nicolás Maduro tras el fraude electoral con el que está tratando de robar las elecciones que ganó con absoluta claridad la oposición.
Y no es el primer gesto de connivencia con la dictadura venezolana del papa Francisco: en la mejor tradición de equidistancia en su intervención sobre la cuestión el pasado 4 de agosto en lugar de pedir democracia y que cesase la represión el Santo Padre hizo un llamamiento "a todas las partes a buscar la verdad, a ejercer la moderación, a evitar cualquier tipo de violencia y a resolver los conflictos mediante el diálogo".
Es decir, puso en plano de igualdad a los asesinos y a los asesinados, a los que roban las elecciones y a los que las ganan en buena lid y, en suma, a una dictadura asesina y cada vez más totalitaria y a la oposición democrática. Un comportamiento que, por desgracia, es el habitual en Francisco I, siempre que la dictadura sea de izquierdas, eso sí.
"No significa un reconocimiento"
Según se apunta desde la revista oficial de la Conferencia Episcopal Española, esta reunión de 25 minutos en la que el nuncio recibió un regalo y entregó a su vez un presente al dictador Maduro, "no significa un reconocimiento".
Sin embargo, la propia dictadura parece entenderlo de otra forma ya que ha sido su televisión oficial, VTV, la que ha hecho público el encuentro este miércoles. Con un despliegue audiovisual importante. Además, en la reunión no sólo estuvo Nicolás Maduro, sino que le acompañaban el canciller Yván Gil, la viceministra de Relaciones Exteriores para Europa, Coromoto Godoy, y la propia esposa del dictador, la primera dama Cilia Flores.
Curiosamente, tampoco estuvo presente en la reunión ningún representante de Episcopado venezolano, que sí tiene una posición beligerante con la dictadura a la que exige que "transparencia en los resultados" electorales y que "cese la represión contra los que han salido a protestar pacíficamente". Además, asegura que "desconocer la voluntad popular es ilegal y éticamente inaceptable". Unas palabras muy diferentes a las del Papa.