El Clan del Golfo, una organización de narcotráfico con alcance internacional, logró extraer 3,2 toneladas de oro en 2023, valoradas en aproximadamente 200 millones de dólares, tras okupar una compleja red de túneles en la mina de Buriticá, en Antioquia. La disputa por el control de este yacimiento, uno de las más productivos de Colombia, ha dejado decenas de muertos, expone a cientos de personas a condiciones extremas y pone en riesgo las inversiones extranjeras en la zona, según informa The Wall Street Journal y la Policía colombiana.
Desde 2020, cuando la empresa china Zijin Mining Group adquirió la mina, la compañía ha invertido más de 610 millones de dólares en un proyecto que esperaba recuperar con la extracción de 3,8 millones de onzas de oro. La infraestructura incluye un sistema de túneles que supera los 100 kilómetros, una extensión similar a un recorrido entre Bogotá y Villavicencio. Sin embargo, en 2023, la multinacional perdió el 60% de su estructura subterránea y, aunque ha recurrido a seguridad privada, enfrenta grandes dificultades para frenar al grupo criminal.
Una ockupación organizada
El Clan del Golfo, en coordinación con mineros ilegales, tomó el control de la mina con una precisión milimétrica, utilizando mapas internos y conocimientos técnicos adquiridos de ingenieros previamente vinculados a la mina. El grupo estableció más de 380 bocaminas adicionales que descienden hasta 700 metros de profundidad.
Las condiciones de los trabajadores son precarias: soportan turnos de hasta 25 días sin ver la luz, en temperaturas elevadas y bajo una constante sensación de encierro. Además, el grupo ilegal controla todos los servicios, desde alimentación hasta alojamiento, cobrando impuestos elevados y proporcionando incluso estupefacientes y medicamentos para que los trabajadores soporten las condiciones extremas.
Explosivos y riesgo geológico
En cuanto a la actividad minera, el Clan del Golfo realiza aproximadamente 301 detonaciones diarias, frente a las dos autorizadas para la empresa china, generando un uso intensivo de explosivos que alcanza las 140 toneladas anuales. Este uso descontrolado de explosivos no solo genera inestabilidad geológica en la zona, sino que ha causado derrumbes y víctimas fatales. Además, existe un mercado de compraventa de oro ilegal que les permite bañar de legalidad el mineral extraído para venderlo tanto en Colombia como en mercados internacionales.
Ante la falta de intervención estatal para frenar la ocupación, Zijin Mining Group presentó en julio de 2023 una demanda de 500 millones de dólares contra el gobierno colombiano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). A la espera de una resolución en el arbitraje, la situación en Buriticá podría transformarse si el Congreso colombiano aprueba nuevas propuestas del presidente Gustavo Petro, que buscan reforzar la presencia estatal en la minería.
Mientras tanto, la mina sigue atrapada en una crisis de minería ilegal, violencia y condiciones de trabajo extremas, con vidas y recursos naturales en juego.