La nueva normativa, que fue ratificada en el parlamento venezolano, establece castigos severos para aquellos individuos o entidades que participen activamente en la implementación de sanciones internacionales, como las aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea, que desde hace años afectan a sectores clave de la economía venezolana, como el petróleo, las finanzas y el comercio.
Maduro defendió la ley asegurando que representa un "paso adelante" en la defensa de la soberanía del país y en la lucha contra lo que calificó de "agresión imperialista". En su intervención, el mandatario afirmó que la ley busca "proteger a Venezuela de las amenazas externas" y evitar que se continúe promoviendo el bloqueo económico que ha tenido un impacto profundo en la vida diaria de los venezolanos.
Por su parte, la oposición y organismos internacionales han expresado su preocupación por el impacto que esta legislación podría tener sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Consideran que podría ser utilizada para silenciar a críticos del Gobierno y limitar aún más el espacio democrático en el país. Sin embargo, Maduro rechazó tales críticas, argumentando que la ley es una respuesta a los esfuerzos internacionales para desestabilizar el país y que "garantiza la paz y la justicia" en un contexto de conflicto político y económico.
Con la aprobación de esta legislación, Venezuela se adentra en una nueva fase de su enfrentamiento con las potencias extranjeras que imponen sanciones al país, mientras la administración de Maduro sigue buscando mecanismos para contrarrestar el aislamiento internacional que enfrenta desde hace años.