La presentación de una Proposición No de Ley por parte del Partido Popular instando al Gobierno a que solicite a la Corte Penal Internacional que dicte ya las órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y sus sicarios —PNL que fue defendida el pasado martes en el Congreso por Cayetana Álvarez de Toledo— ha suscitado críticas por parte de diputados socialistas que consideran que tal petición supone una "interferencia" en el trabajo de la Fiscalía de la citada Corte Penal.
Las víctimas recuerdan en la carta enviada a los diputados del Congreso que la PNL presentada por el PP "se corresponde con el clamor de la víctimas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela y con el trabajao realizado por las Organizaciones de DDHH que participan en la Situación Venezuela 1 ante la CPI".
Además, rechazan que la presentación de la PNL del Partido Popular suponga una "interferencia" en el trabajo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y eso por diversas razones.
Por qué no es interferencia solicitar justicia ante el CPI
En primer lugar, porque "España es un Estado parte del Estatuto de Roma de la CPI y asimismo ha suscrito los principales instrumentos internacionales de protección de los DDHH, que le confieren la responsabilidad de proteger los derechos universalmente reconocidos, por ende, cualquier actuación dirigida a prevenir, procesar y castigar a los responsables de los crímenes más atroces, es un deber de la comunidad internacional, la omisión genera responsabilidad y es el caldo de cultivo de la impunidad". Más concretamente, "el artículo 15.2 del Estatuto de Roma, faculta al Fiscal de la CPI para recibir información de los Estados y de otras fuentes fidedignas, el fiscal analizará la veracidad de la información y tomará las decisiones que considere en el marco del Estatuto, las Reglas de Procedimiento y Pruebas y otras normas de funcionamiento de la CPI".
A todos los diputados que hoy deberán pronunciarse sobre nuestra Proposición para que el Gobierno solicite a la Corte Penal Internacional que dicte ya las órdenes de arresto contra Maduro y sus sicarios.
Por favor, lean esta carta. @Congreso_Es https://t.co/4rrW5yWrQs pic.twitter.com/510j2r0IOr
— Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) December 12, 2024
Por ello, las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro consideran que "la PNL presentada se encuentra en sintonía con el Estatuto, constituye una forma de reconocimiento y cooperación en los términos contenidos en el Art. 86 del Estatuto. Solicitar justicia ante la Corte Penal Internacional, jamás puede ser considerado como una acción de "interferencia" en el trabajo de Corte". Por el contrario, sería interferencia "cuando se obstruye el acceso de evidencias, se limita la cooperación internacional" y "no se entrega a una persona requerida para ser enjuiciado".
La PNL no afecta a la independencia del fiscal de la CPI
Continúan las víctimas señalando en su carta a los diputados que hoy deben pronunciarse sobre la PNL defendida el martes por Cayetana Álvarez de Toledo que "menos aún la PNL presentada puede ser considerada como una orden o instrumento que afecte la independencia del fiscal de la CPI" ya que "se trata de una petición, un requerimiento" que "será sometido a consideración, deliberación y decisión en forma libre, con fundamento en lo establecido en el Art.41.1 del Estatuto".
Concluyen su carta señalando que "la mayoría de los Diputados del Congreso de España han coincidido en lo esencial, en el fondo, en la gravedad de la situación de Venezuela, en los ataques en contra de la población civil en forma sistemática y generalizada, en la incesante persecución por motivos políticos, en la necesidad de respetar los derechos fundamentales, en la prevención y castigo de los crímenes de lesa humanidad".
En definitiva, los firmantes de la carta, víctimas y familiares de crímenes de lesa humanidad, consideran que "exigir justicia no es interferir, es un deber".