El Gobierno de Javier Milei reafirmó este jueves su compromiso con el orden público tras los graves disturbios ocurridos el miércoles frente al Congreso, donde una manifestación de jubilados fue aprovechada por barras bravas, sindicatos y grupos de izquierda para desatar el caos. El saldo: 46 heridos, incluyendo 26 agentes policiales –uno por disparo de bala–, y 124 detenidos, la mayoría ya liberados por una controvertida decisión judicial. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó los hechos como "una especie de golpe de Estado" orquestado para desestabilizar a un Ejecutivo que trabaja por sanear el país tras años de desmanejo.
La protesta, que inicialmente buscaba apoyar a los jubilados en su petición de que se actualicen sus pensiones derivó en un escenario de violencia cuando miles de personas, lideradas por hinchas de fútbol conocidos por su historial delictivo, tomaron las calles aledañas al Palacio Legislativo. Según Francos, en declaraciones a Radio Mitre, la marcha fue "totalmente organizada" con el grito de "que se vayan todos", un intento claro de sectores políticos de minar la gobernabilidad. "No encuentran cómo cuestionar a un Gobierno que está dando soluciones y que cuenta con el respaldo mayoritario tras el desastre heredado", afirmó.
El detonante de la adhesión masiva de las barras bravas fue un incidente de la semana previa, cuando un hincha de Chacarita Juniors de 75 años resultó herido en otra protesta. Lejos de ser un acto espontáneo de solidaridad, el Ejecutivo señala que estos grupos aprovecharon la causa para sembrar desorden. La Policía, desplegada para garantizar la seguridad y evitar el corte de calles, se vio obligada a intervenir ante barricadas, ataques con piedras y hasta un patrullero incendiado. El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, reportó que 20 manifestantes fueron hospitalizados, incluido el fotoperiodista Pablo Grillo, pero enfatizó que la violencia fue iniciada por los agresores, no por las fuerzas del orden.
Una jueza libera a la mayoría de los detenidos
La respuesta judicial, sin embargo, generó indignación en el Gobierno. La jueza Karina Andrade, del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de Buenos Aires, ordenó este jueves la liberación inmediata de 114 detenidos, argumentando que se vulneraron derechos como la protesta y la libertad de expresión. Para el Ejecutivo, esta decisión refleja una "puerta giratoria" que protege a los violentos y dificulta la lucha contra el crimen organizado. "Si la ley se interpreta así, es imposible combatir la violencia de sectores extremos", lamentó Francos, mientras el portavoz presidencial, Manuel Adorni, acusó a la Justicia de ser "cómplice directa de la inseguridad" en su cuenta de X.
Bullrich fue aún más contundente: "Los detenidos enfrentan penas de hasta 20 años gracias a la nueva ley antimafia. Se acabó el tiempo de los aprietes y el negocio del miedo". La ministra prometió desmantelar estas "estructuras delictivas" y aseguró que "en Argentina manda la ley, no los barras ni la izquierda". El Gobierno sostiene que los responsables no son ciudadanos comunes defendiendo derechos, sino grupos con antecedentes que atacaron a las fuerzas de seguridad y destruyeron la capital, como muestran videos de barricadas y agresiones circulando en redes.
La alianza entre la oposición y los barras bravas
El Gobierno apunta directamente a la izquierda y a las barras bravas como los artífices del caos. La presencia de hinchadas tradicionalmente enfrentadas, como las de Boca y River, unidas en la protesta, refuerza la tesis de una operación coordinada. Lejos de ser héroes populares, estos grupos son conocidos por su vinculación con extorsión y delitos, una realidad que el Ejecutivo está decidido a erradicar. "No vamos a tolerar que usen a los jubilados como escudo para sus agendas", sentenció Adorni.
Mientras la oposición, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, critica la "ferocidad" policial, el Gobierno defiende su derecho a garantizar la seguridad y acusa a estos sectores de avalar la impunidad.