Cada cinco años parece ya costumbre que las elecciones peruanas se centren más en las irregularidades que en los propios resultados. Los comicios del pasado 12 abril no han sido la excepción y más allá de la presencia asegurada de Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 7 de junio, algunos sectores han mantenido las acusaciones y las dudas sobre un posible fraude.
Estas sospechas aumentaron por la caótica organización de la jornada electoral bajo responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cuyo jefe, Piero Corvetto, se vio obligado a renunciar y que ahora enfrenta una investigación por presuntos delitos de colusión y negligencia en el ejercicio de funciones.
Ante esta situación, no son pocos los que dudan del proceso electoral e incluso piden nuevas elecciones. Uno de ellos es Raúl Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), quien hace unos días señaló a Radio Programas del Perú (RPP), que "lo que ha pasado con las elecciones es inaceptable. Ha habido fraude, ha habido un direccionamiento. El Jurado Nacional de Elecciones ha denunciado penalmente al presidente de la ONPE" y agregó que "acá no ha habido un error, esto está direccionado".
Por su parte, el abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos advirtió en Willax TV que "en este momento se está consumando un golpe de Estado" y se dirigió al JNE para señalarle que "si ustedes proclaman a estos candidatos, este será el último de los delitos dentro de la secuencia de delitos que se han cometido en este proceso electoral (…) Delito contra la voluntad popular y delito de prevaricato". Además, recordó a la autoridad electoral que tenía "la obligación de asegurar que este proceso representara válida auténticamente la voluntad popular".