El asunto medular de las elecciones presidenciales colombianas que tendrán lugar en los próximos días trasciende las fronteras del debate cultural, de las discusiones tributarias, de las propuestas económicas, de los debates sobre salud, educación o infraestructura, de las disputas personales entre candidatos y de las controversias tontarronas que diariamente se ventilan en las redes sociales. Todos esos asuntos son importantes y hacen parte natural de cualquier campaña presidencial, pero no constituyen el problema decisivo que hoy enfrenta Colombia. El tema de fondo es el narcotráfico, que se convirtió en el soporte fundamental del régimen socialcomunista que pretende perpetuarse con el marxista Iván Cepeda. Combatir y erradicar ese virus es la prueba histórica a la que se ven enfrentados los colombianos, que observan cómo su país se desliza, cada vez con menos disimulo, hacia la condición de narcoestado. Y en manos de ellos recae la responsabilidad de entregarle el gobierno a una persona capaz de ponerle el pecho a esa realidad o, por el contrario, a alguien que se limite a administrarla con resignación y cobardía o, peor aún, a quien termine consolidando definitivamente la tragedia.
En los últimos ocho años, el país ha vivido una expansión descontrolada de los cultivos ilícitos. En 2017 se estimaba que había cerca de 171 mil hectáreas sembradas con coca. Hoy, según las aproximaciones de agencias especializadas, esa cifra estaría rondando las 300 mil hectáreas. Un crecimiento descomunal del 75%.
Desde Duque, y ahora con Petro, Colombia se convirtió otra vez en un inmenso mar de plantaciones de las que salen la base con la que se produce el clorhidrato de cocaína. Como es natural, detrás de ese fenómeno viene todo lo demás: fortalecimiento de grupos terroristas, pérdida de control territorial, corrupción institucional, expansión de economías criminales y deterioro acelerado de la autoridad del Estado.
La fotografía es insoportable. Los grupos armados que hoy tienen bajo amenaza regiones enteras del país no sobreviven gracias a discursos ideológicos ni a viejas consignas revolucionarias. Son vulgares carteles de la droga que envuelven sus alijos en las hojas de los libros de Marx. Ese es el combustible de la guerra. Las disidencias, el ELN y todas las estructuras criminales que hoy reverdecen a lo largo y ancho de Colombia, existen porque la coca volvió a convertirse en el gran motor económico de enormes zonas del territorio nacional.
Durante estos casi cuatro años, Gustavo Petro convirtió a Colombia en un auténtico paraíso para el narcotráfico. La llamada "paz total" terminó siendo, en la práctica, una política de expansión territorial para las organizaciones criminales, que han podido avanzar a sus anchas al tiempo que el Estado retrocede. Entretanto la Fuerza Pública recibe mensajes contradictorios desde el mando político, los cultivos se multiplican y las rutas del narcotráfico se consolidan.
Las evidencias judiciales indican que existe una rutilante relación entre sectores criminales y la llegada de Petro al poder. Quedó establecido que, desde cárceles de máxima seguridad, donde estaban recluidos algunos de los narcotraficantes más peligrosos del país, se promovieron apoyos orientados a favorecer su campaña presidencial. Eso no es un invento como alega Petro; es una realidad que el país conoció y frente a la cual no ha habido una decisión judicial contundente. La fiscalía, simple y llanamente, se ha encargado de pasar de largo, de encubrir ese monumental crimen.
Por eso el reto central del próximo gobierno será desmontar esa estructura criminal si existe interés real de reconstituir institucionalmente a Colombia. No bastará con discursos tibios ni con políticas ambiguas. El país tendrá que decidir si recupera el monopolio legítimo de la fuerza o si termina aceptando que vastas regiones sigan bajo el control de organizaciones financiadas por la coca.
Es un asunto de determinación política. En el pasado reciente, Colombia demostró que sí puede quebrarle la espalda al narco. Basta con darle una mirada objetiva al gobierno del expresidente Uribe. Durante esos ocho años —2002-2010—, los cultivos ilícitos descendieron hasta sus mínimos históricos, llegando a menos de 40 mil hectáreas. Ese resultado no cayó del cielo. Fue producto de una política de seguridad determinante que se tradujo en la recuperación territorial y, se materializó a través de la confrontación de las estructuras narcoterroristas.
Ese es, precisamente, el mayor desafío al que tendrá que hacerle frente el próximo gobierno de Colombia. Los ciudadanos conocen y padecen las consecuencias de un narcotráfico que se expande sin control. Después de la epopeya de Uribe, muchos creyeron que esa página había sido doblada, que los estragos narcoterroristas eran parte de un amargo pasado. Desafortunadamente, el problema volvió a enseñorearse, y llegó con más fuerza y letalidad. Pero también, hay que decirlo, los colombianos pueden constatar que, cuando el Estado decide enfrentar seria y decididamente ese problema, los resultados aparecen rápidamente.
La elección que se surtirá en las próximas semanas no definirá simplemente quién ocupe la silla presidencial. Lo que realmente se va a decidir es si Colombia sigue avanzando hacia la degradación de un narcoestado o si todavía tiene capacidad para retomar la senda del progreso, de la concordia y de la civilidad, como resultado de un combate firme y sin matices a las narco-estructuras armadas ilegales.