Los regímenes más totalitarios suelen tener estrategias muy similares, en especial para manipular a su antojo la Constitución y mantenerse en el poder, y sobre todo alejar a cualquier intento de oposición democrática. Hace relativamente poco pasó en Venezuela con el hoy encarcelado Nicolás Maduro y ahora Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua junto a su mujer Rosario Murillo, repite el plato con ajustes dictados desde su Parlamento.
De esta manera la Asamblea Nacional, dominada por la dictadura, aprobó una enmienda que señala que "los traidores a la patria" no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer cargos públicos. Ese calificativo es el que ha sido aplicado a unos 450 opositores, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. También se impide hacerlo a "quienes ejerzan o hayan ejercido la dirección, liderazgo, financiamiento, participación directa o indirecta, o cualquier tipo de vinculación con la planificación, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o de un golpe de Estado consumado".
Pero la reforma va más allá ya que también contempla que los cargos de elección popular sean ahora de siete años, tanto para copresidentes de la República, como para diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, el fiscal general, el superintendente de bancos, y el jefe del Ejército y de la Policía, todos ellos cargos que son dominados por el régimen. Para su entrada en vigor, estos cambios deben ser aprobados en dos legislaturas distintas, la actual que acaba a fin de año y la próxima que transcurre entre enero y diciembre de 2027.
Se trata de un paso más de la dictadura para sepultar cualquier señal de democracia en Nicaragua. De hecho, el propio Ortega dijo en julio que para evitar que la oposición "atrape el Gobierno", en su país "no volverá a haber elecciones".