El 7 de febrero, el periódico canadiense Globe and Mail informó que Jody Wilson-Raybould había sido presionada para tomar una decisión favorable a la constructora SNC-Lavalin, acusada de sobornar a altos funcionarios del régimen del dictador libio Muamar el Gadafi, derrocado y ejecutado en 2011. Pero aunque a partir de ese momento se puso en sospecha al primer ministro, Justin Trudeau, no ha sido hasta la comparecencia de este miércoles de la ex fiscal general que el escándalo ha tomado las proporciones necesarias como para que la dimisión de Trudeau esté sobre la mesa.
En Canadá los cargos de ministro de Justicia y fiscal general los ostenta la misma persona. Dada su doble condición de mujer e indígena, Wilson-Raybould tenía todas la papeletas para formar parte del gabinete de Trudeau. Fue destituida el 14 de enero y nombrada ministra de Veteranos, cargo del que dimitió pocos días después de publicarse la información de Globe and Mail. Así que su comparecencia había provocado mucha expectación, pero nadie anticipaba la claridad y gravedad de sus acusaciones.
Jody Wilson-Raybould declaró que recibió presiones e incluso "veladas amenazas" por parte de la Oficina del primer ministro, del propio Trudeau y de otros miembros del Gabinete para que "interfiriera políticamente" en la causa judicial contra la constructora SNC-Lavalin. Trudeau quería que la fiscalía le ofreciese, contra su criterio jurídico, un acuerdo de enjuiciamiento diferido, lo que supondría un trato de favor para evitar su enjuiciamiento por corrupción. Como se negó, tanto el propio Trudeau como su principal asesor, Gerald Butts, y hasta el ministro de Finanzas, Bill Morneau, se reunieron con ella y la llamaron en numerosas ocasiones para intentar convencerla. Al no lograrlo, Trudeau la cesó.
En caso de ser condenada por corrupción, SNC-Lavalin tendría prohibido participar durante 10 años en contratos de obras públicas en Canadá, lo que supondría un considerable daño financiero para la empresa. La constructora tiene su sede en Quebec y, según la declaración de Wilson-Raybould, Trudeau mencionó las elecciones generales previstas para octubre y el hecho de que él es diputado por la provincia de Quebec como una de las razones para ofrecer un trato preferente a la constructora. A SNC-Lavalin ya se le ha vetado participar en contratos del Banco Mundial por otro caso de corrupción en Bangladesh.
Según las leyes de Canadá, aún después de su salida del cargo Wilson-Raybould no podía decir ni aclarar nada, ya que se considera que la relación de la fiscal general con los demás miembros del Gobierno está protegida por los privilegios de la comunicación entre un abogado y su cliente. Trudeau se aprovechó de ello para declarar tras las informaciones en prensa que todo era falso, pero la dimisión de Wilson-Raybould y de Gerald Butts poco después forzó a su propio partido a pedir la comparecencia de la ex fiscal general y al propio Trudeau a levantar al menos en parte la obligación de secreto.
Naturalmente, la principal formación política de la oposición, el Partido Conservador (PC), ha pedido la dimisión de Trudeau y ha aprovechado para exigir que la Policía canadiense investigue las acusaciones de Wilson-Raybould, aunque ella misma considera que la actuación del primer ministro no es constitutiva de delito, aunque sí "inapropiada". Mientras, Butts, que dejó su puesto como mano derecha de Trudeau para "poder defenderse" de las acusaciones de interferencia política, ha solicitado testificar ante el Comité de Justicia del Parlamento "tras ver el testimonio" de la exministra.
Trudeau ha declarado que la razón por la que estaba interesado en ofrecer a SNC-Lavalin un acuerdo de enjuiciamiento diferido, que evitaría un proceso por corrupción de la empresa, era para proteger empleos. "Siempre hemos defendido y protegido empleos en Canadá. Pero siempre lo haremos respetando las normas", subrayó el primer ministro. Mientras, el Gobierno regional de Quebec ya está en conversaciones con SNC-Lavalin para intentar salvar lo que se pueda en caso de una condena.