
El presidente de El Slvador, Nayib Bukele, no se ha mordido la lengua a la hora de opinar sobre el caso de Noelia, la joven de 25 años que recientemente falleció tras acceder a la eutanasia en España. Bukele considera que su muerte no es solo un hecho trágico, sino el reflejo de un sistema que protege más a los agresores que a las víctimas.
Este es el fin último de las organizaciones de ‘derechos humanos’...
Vean todo el caso, desde el inicio hasta el final que pretenden; cada uno de los pasos es parte de la ‘tutela de derechos humanos’ conseguida con sus ‘luchas y conquistas’. Jamás los escucharemos, no importa cuánto nos ataquen. No tienen nada que venir a decirnos; más bien, nosotros deberíamos estar denunciándolos a ustedes por lo que le hacen a mujeres como Noelia
La muerte de Noelia es una evidencia de cómo un sistema incapaz de sancionar a los agresores deja como única vía de escape al dolor la eutanasia. Bukele tiene claro que el Gobierno español tiene un enorme responsabilidad y tampoco dudó en responsabilizar a las instituciones de derechos humanos por no garantizar justicia y protección real a las víctimas de violencia sexual.
Este es el fin último de las organizaciones de "derechos humanos".
Vean todo el caso, desde el inicio hasta el final que pretenden; cada uno de los pasos es parte de la "tutela de derechos humanos" conseguida con sus "luchas y conquistas".
Jamás los escucharemos, no importa… https://t.co/0rgxa5iZJa
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 25, 2026
El mundo necesita urgentemente liberarse de estas organizaciones, que no son más que los bufetes de abogados de los delincuentes, que prefieren LITERALMENTE matar a las víctimas en lugar de protegerlas
La tragedia de Noelia ha generado un enorme debate internacional y expone las grietas del sistema en la defensa de los derechos humanos. Bukele es tajante: si el sistema falla, las víctimas quedan indefensas. Para él, el foco no debe estar en la eutanasia, sino en la impunidad que carcome a las instituciones. El debate es claro: es hora de elegir entre el protocolo burocrático o la protección real de las víctimas.
