El Gobierno de Turquía ha anunciado este jueves la suspensión de la Convención Europea de Derechos Humanos mientras dure el estado de emergencia que ha comenzado hoy mismo, un periodo que podría ser de 40 o 45 días, menos de los tres meses que habían sido anunciados en un primer momento. La decisión ha sido hecha pública por el vicepresidente del Gobierno, Numan Kurtulmus.
En declaraciones a los medios de comunicación en Ankara, ha dicho que el Gobierno tiene como objetivo que el estado de emergencia sólo se prolongue durante 40 o 45 días, y no los tres meses anunciados ayer miércoles por el presidente, Recep Tayyip Erdogan, quien había justificado que esta decisión se toma con el objetivo de "asegurar la democracia y localizar a los responsables de la intentona golpista del pasado fin de semana".
Kurtulmus ha insistido en que la declaración del estado de emergencia no significa la aplicación de la ley marcial y que los ciudadanos no se verán afectados. "El derecho de reunión y manifestación no serán cancelados. No va a ver toque de queda, no habrá ningún retroceso en los avances democráticos", ha dicho, al tiempo que ha prometido que el "Parlamento estará abierto y funcionando".
Como ha hecho el Gobierno en días anteriores, ha culpado del intento de golpe de Estado del pasado fin de semana al clérigo islamista exiliado en Estados Unidos Fethullah Gülen, del que dijo dirige una "organización terrorista". "Su objetivo (de los golpistas) no era un golpe de Estado. Era matar al presidente Erdogan y conducir al país a una guerra a largo plazo con Siria", ha asegurado.
Respecto a la petición formulada a Estados Unidos para que extradite a Gülen, Kurtulmus ha pedido a Washington que se ponga en el lugar de Turquía. "Cómo se sentirían si un sacerdote hubiera tratado de destruir Estados Unidos e estuviera en Turquía viviendo en una mansión", ha planteado.