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Un informe destapa la conexión directa entre las ONG palestinas y los grupos terroristas

Buena parte de las ONG que dicen luchar por los derechos humanos de los palestinos están directamente relacionadas con las organizaciones terroristas.

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El líder de Hamas en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar | EFE

La mal llamada ‘causa palestina’ se articula sobre todo alrededor de una gran cantidad de Organizaciones No Gubernamentales que, tanto en Israel y los territorios palestinos como en el resto del mundo, influyen en los medios y recaudan cantidades millonarias tanto de donaciones privadas como, sobre todo, de instituciones públicas.

Con ello consiguen dos objetivos: presentar el conflicto palestino-israelí como un tema de derechos humanos, siendo como es un problema político de extraordinaria complejidad; y ofrecer una fachada respetable de cara a la opinión pública.

Sin embargo, la realidad tras esta fachada ‘respetable’ es muy diferente: según un minucioso informe del Ministerio de Asuntos Estratégicos y Diplomacia Pública de Israel estas ONG están directamente relacionadas con las principales organizaciones terroristas palestinas, casi siempre dirigidas por miembros destacados de esta bandas terroristas y en la mayor parte de las ocasiones trabajando en coordinación directa con ellas y casi siempre contribuyendo a su financiación, tal y como ya han demostrado anteriormente las autoridades israelíes.

Además, en el mismo informe, del que ha hecho un resumen la asociación española ACOM que obra en poder de Libertad Digital, se constata que más allá de la propaganda alrededor de los derechos humanos estas organizaciones comparten en realidad el programa de fondo de los terroristas: la destrucción de Israel como entidad política y la expulsión de todos los judíos de lo que ellos llaman Palestina.

El BDS, en la picota

El estudio israelí dedica un apartado importante al Comité Nacional Palestino de BDS (CNPBDS) que tiene su sede en Ramala y entre cuyos dirigentes está Omar Barghouti, uno de sus principales ideólogos del BDS y uno de los rostros más conocidos de la campaña antiisraelí en todo el mundo.

El CNPBDS agrupa a 28 organizaciones y asociaciones palestinas entre las que destaca las Fuerzas Islámicas Nacionales Palestinas (FINP), que a su vez está formada por otras doce organizaciones entre las que están tanto Hamás como el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y la Yihad Islámica. Es decir, que en el órgano central de coordinación de las campañas de BDS encontramos a las principales organizaciones terroristas palestinas. De hecho, la FINP nacieron como un órgano para coordinar las actividades criminales y de terror de la segunda Intifada.

Destacados miembros del FPLP y de Hamás están entre los máximos responsables de la FINP, como Ismail Radwan, que fue anteriormente ministro en el gobierno de Hamás y portavoz del movimiento terrorista y es hoy en día uno de los mayores responsables de las marchas del terror de Hamás en la frontera entre Gaza e Israel; o Abd al-Rahim Maluh, vicesecretario general de las FPLP, que actuó como representante del PNIF durante muchos años y que estuvo cinco años en la cárcel por sus actividades terroristas.

Relaciones directas con el terror

Además de estos órganos en los que conviven, muchas de estas ONG que actúan dentro y fuera de Israel o los territorios palestinos están conectadas directamente con dos de los principales grupos terroristas de la zona: los ya mencionados Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

Es el caso, por ejemplo, del Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), una organización que funciona en varios países de Europa además de en Gaza y Cisjordania y que, sobre todo, centra su actividad en el Tribunal Internacional de La Haya, a través del cual ha tratado de forzar la detención de militares y políticos israelíes en países como Gran Bretaña, Holanda, Suiza o incluso España.

Pues bien, esta organización tan preocupada por los derechos humanos tuvo como vicedirector de su Junata Directiva a Jaber Wishah, condenado a dos penas de muerte por sus actividades terroristas dentro del FPLP y que cumplió 15 años de prisión. Además, el actual director general del CPDH y su director jurídico, Raji Sourani, e Iyad al-Alami, respectivamente mantienen vínculos directos con Hamás y le prestan ayuda legal y asesoría desde el 2017.

Exportando terrorismo

Otro caso aún más directo es el del el Centro de Retorno a Palestina, una ONG que se estableció en Gran Bretaña en 1996 y que en 2010 fue declarada ilegal porque era, directamente, una parte de Hamás, algo así como los partidos que fueron prohibidos en España por ser parte de ETA.

Hay ocasiones en las que las ONG funciona casi como un exportador de terroristas, es el caso de Samidoun, creada en Canadá en 2011 y que tiene entre sus trabajadores a miembros del FPLP como Mustapha Awad y Mohammed Khatib, el primero de ellos formado militarmente por Hezbolá.

Aún más llamativo es el caso de Adameer, una de las más importantes ONG que actúan en los territorios palestinos. Durante 13 años dirigió la asociación Khalida Jarrar, miembro destacado del FPLP. Su sucesor y actual director de la ONG, Abdullatif Ghaith, también está en la banda terrorista, así como otros miembros de Adameer que no sólo tienen un historial de terrorismo, sino que tienen incluso delitos de sangre, como Yaqoub Oudeh o Bashir al-Khairi, miembros de la Junta Directiva que fueron condenados a tres sentencias de muerte por participar en el atentado en el supermercado Shufersal de Jerusalén en 1969, en el que fueron asesinados dos israelíes y otros nueve resultaron heridos.

Muchas de estas organizaciones mantienen contactos y relaciones en España, por ejemplo es el caso de Adameer para la que impartió un curso el polémico abogado Gonzalo Boye, que también ha colaborado con el Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH).

También se tiene constancia de que algunas de ellas son financiadas en nuestro país, normalmente a través de ONG españolas como Paz con dignidad o la Asociación Al Quds, que a su vez reciben generosas cantidades de fondos públicos.

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