La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido este jueves órdenes de arresto —aunque sin efecto práctico— contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant —cesado a principios de este mes por el propio Netanyahu—, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza desde octubre de 2023.
La corte ha ordenado también la detención del líder de Hamás, Mohamed Diab al Masri, conocido como Abú Deif, después de que otros dirigentes del grupo islamista señalados previamente, Yahya Sinwar e Ismail Haniye, hayan hayan sido eliminados en los últimos meses en operaciones israelíes. De hecho, Israel ya ha declarado muerto al propio Mohamed Diab al Masri, aunque ni el grupo terrorista ni la fiscalía del tribunal lo han confirmado.
Aunque todavía no hay una sentencia firme, según los jueces de La Haya Netanyahu y Gallant habrían buscado privar intencionadamente a la población gazatí de bienes esenciales para su supervivencia, incluidos alimentos, agua y medicinas, durante la ofensiva en Gaza y que podrían ser "penalmente responsables" por el uso del hambre "como método de guerra", así como de asesinatos y ataques contra civiles.
Israel condena la decisión
Para Israel la decisión no solo es inaplicable, dado que no reconoce la jurisdicción de la Corte, sino que constituye un ataque directo a su soberanía y seguridad. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel ha calificado la medida como "un ataque al derecho de Israel a defenderse", más allá del mero ataque personal e individual hacia ambos. También ha señalado que la CPI habría actuado bajo motivaciones políticas al servicio de "los terroristas más extremos" y socavando a "la nación más amenazada y más atacada del mundo".
El gobierno israelí también ha denunciado que la decisión de la CPI representa "un abismo moral" que distorsiona la realidad al equiparar la defensa de un Estado soberano con crímenes de guerra, convirtiendo "el bien en mal". En palabras del ministro de Relaciones Exteriores, esta medida "sirve a las fuerzas del mal" como un "estímulo" y una "recompensa", al penalizar a Israel mientras ignora violaciones flagrantes del derecho internacional por parte de actores hostiles en la región. En este sentido, ha hecho un llamamiento a que las "naciones decentes" alcen la voz y rechacen esta "injusticia".
Ministro de Relaciones Exteriores @gidonsaar:
"Un momento oscuro para la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en el que perdió toda legitimidad para su existencia y actividad.
Actuó como herramienta política al servicio de los terroristas más extremos que actúan para… https://t.co/ESqsH5azjt
— Israel en Español (@IsraelinSpanish) November 21, 2024
Por su parte, Netanyahu también ha calificado las acusaciones de "antisemitas", comparándolas con el caso Dreyfus, un juicio ampliamente considerado como símbolo de persecución injusta. "No hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza", ha afirmado el mandatario, insistiendo en que las acusaciones contra su persona son "falsas" y "absurdas".
Sin efecto práctico
En el plano práctico, las órdenes de arresto emitidas por la CPI tienen un impacto más simbólico que tangible. A pesar de la gravedad de las acusaciones, no son un veredicto ni implican efectos inmediatos. Las medidas tienen como objetivo llevar a los acusados ante la Corte para que se enfrenten a las investigaciones y, eventualmente, a un juicio.
Además, la ejecución de estas órdenes depende de la cooperación de los Estados miembros, lo que resulta improbable en el caso de líderes israelíes, dado que Israel no es parte del Estatuto de Roma que establece la CPI. Así, Netanyahu en la práctica podría seguir viajando a otros países siempre y cuando no pise uno de los 124 países que integran el TPI.