Omid Behzad y Pouria Safwat son los nombres de los dos últimos ejecutados por el régimen de los ayatolás en Irán, el pasado lunes 3 de agosto. Fueron acusados de espiar para el servicio de Inteligencia israelí (Mossad), al que le habrían facilitado coordenadas y fotografías de instalaciones militares iraníes. El Tribunal Supremo les condenó a morir en la horca.
Según la agencia Mizan, dependiente del Poder Judicial iraní, formaban parte de una red creada por el Mossad para recopilar información desde el interior del país antes y durante la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Acusaciones basadas, entre otras cosas, en que varios de los lugares sobre los que supuestamente enviaron información a sus enemigos fueron bombardeados posteriormente.
El Poder Judicial aseguró que los mensajes recuperados de los teléfonos de ambos, junto con sus confesiones y otras pruebas técnicas, demostraban que actuaron de forma deliberada en favor del servicio de inteligencia israelí. Varias ONG sobre el terreno han denunciado, sin embargo, que hubo irregularidades durante el juicio y sus confesiones se produjeron bajo tortura.
Las autoridades iraníes han intensificado la campaña de ejecuciones de disidentes desde el inicio de la guerra. Un dato a tener en cuenta a la vista de que en 2025 ahorcó a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y el mayor número en 36 años. Así lo señala el informe publicado en abril por Iran Human Rights y Together Against the Death Penalty, que revela una escalada sin precedentes en el uso de la pena capital en el país del golfo Pérsico.
El 28 de julio, dos jóvenes
La ONG Hengaw advierte que las autoridades iraníes están usando la pena de muerte para intimidar y reprimir a los movimientos opositores. Unos días antes, el 28 de julio, habrían ejecutado a dos jóvenes a los que acusaron del asesinato de cuatro policías durante las protestas masivas que se registraron en enero.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional aseguran que Amir Hossein Safari y Abolfazl Sepahi fueron ahorcados en una plaza de Malekshahr (Isfahán) por participar en las manifestaciones antigubernamentales. Otros ocho hombres, procesados por el mismo caso, estarían en riesgo inminente de correr la misma suerte.
27 manifestantes en 4 meses
En los últimos cuatro meses las autoridades iraníes habrían ejecutado, de forma arbitraria, a al menos 56 personas, ha alertado este miércoles el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. De ellas, 27 eran manifestantes. Y más de cien personas se encuentran en estos momentos en el corredor de la muerte por cargos similares.
"Estoy alarmado por el aumento de las ejecuciones y de las condenas a muerte dictadas en Irán desde marzo, así como por el hecho de que la pena capital siga utilizándose para infundir miedo entre la población y reprimir la disidencia", ha señalado en un comunicado el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.
Ahorcados en julio
Sólo el mes pasado constan al menos otras dos ejecuciones, además de las ya mencionadas: la de Mohammad Amini Dehaghani y la de Mehdi Khaneki, que se llevaron a cabo el 15 y el 22 de julio respectivamente.
El primero por "enemistad con Dios" y "corrupción en la tierra" en relación con su participación en actos para "perturbar la opinión pública", "intentar establecer contacto con cuentas online asociadas a grupos contrarrevolucionarios", bloquear carreteras y causar daños en bienes públicos durante las protestas.
El segundo fue condenado a muerte en aplicación de la Ley de Espionaje tras ser declarado culpable de vinculación a un grupo de oposición prohibido, posesión de armas y explosivos, y "acciones operativas" en nombre de Israel, Estados Unidos y "grupos hostiles".