En San Sebastián tienen un festival de cine comprometido con la defensa de los derechos humanos. Pero no los de todos los humanos. Porque, como explicaba León Trotsky en Comunismo y terrorismo (1920), no es lo mismo que los zaristas maten a proletarios que estos fusilen a generales y capitalistas. Quizá por esta convicción íntima de que siempre ha habido clases, los responsables del festival no seleccionaron las películas de Iñaki Arteta sobre el terror etarra –El infierno vasco o Bajo el silencio– y sí proyectaron la que el infame chisgarabís de Évole dedicó a Josu Ternera.
En la ceremonia de clausura del festival, celebrada el pasado 26 de septiembre, apareció en el escenario Paz Vega –actriz progresista de profesión y deudora de Hacienda por descuido–. Vestida de novia descocada, lucía una chapa publicitaria de una conocida marca palestina: free. De esta guisa comunicó que le habían dado el premio a la mejor película europea a Naza porque "mira de frente al atroz genocidio de Gaza y al dolor de toda su gente". Lo dijo atribulada (aunque se notaba que hacía teatrillo). Tras el anuncio, el público asistente aplaudió un poquito y los más hinchas de los terroristas de Hamás y Hezbolá ondearon banderas y mostraron unos carteles con el lema "we are naza too", dejando la duda de si aspiran a ser un "daño colateral".
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han contestado a la manipulación de Naza, libelo producido por The Guardian. Lo hicieron en un amplio comunicado el 1 de octubre. Pero hay que retroceder al año 2005 para entender el contexto en el que se produce la actuación del ejército en su lucha contra el terror yihadista. En diciembre de ese año, el Tribunal Supremo de Israel, en el caso Public Committee Against Torture in Israel v. Government of Israel, se pronunció sobre la política de ataques preventivos letales contra personas sospechosas de planear, lanzar o ejecutar atentados en Cisjordania y Gaza. Ese comité contra la tortura –que no condenó la masacre del 7 de octubre de 2023– pedía que se declarase ilegal dicha política.
El Tribunal Supremo concluyó que no podía determinarse de antemano que todas esas eliminaciones fueran lícitas o que todas fueran ilícitas: la legalidad dependería de los hechos de cada operación. Respecto a los civiles, razonó que pierden la protección mientras participan directamente en las hostilidades y precisó que planear o decidir una operación puede constituir participación directa. E impuso límites a las fuerzas armadas. El primero, la exigencia de una información fiable sobre la identidad y actividad del presunto terrorista.
El Tribunal pidió que se considerase la posibilidad de detener y juzgar al sujeto. Y, razonablemente, añadió que esta detención no es obligatoria si resulta inviable o supone un riesgo excesivo, pero que debería considerarse. Con posterioridad al ataque, se ha de realizar una investigación objetiva e independiente. Y, por último, si hay riesgo para no combatientes cercanos, el perjuicio incidental debe ser proporcional a la ventaja militar prevista. Son estas exigencias legales establecidas por el Tribunal Supremo las que regulan y limitan la eliminación de terroristas. Y son la base de los argumentos que proporcionan los militares israelíes para que se evalúen correctamente sus acciones de guerra contra Hamás y Hezbolá. Una necesaria contestación a los propagandistas de la película Naza.
"Para cada ataque propuesto, los procedimientos de las FDI exigen que los comandantes evalúen la proporcionalidad con antelación y garanticen que el daño incidental previsto a civiles sea moderado en relación con la ventaja militar concreta y directa anticipada. También deben indicar las precauciones factibles para prevenirlo o mitigarlo. Profesionales evalúan el alcance y la naturaleza del daño previsto y proponen medios y métodos menos perjudiciales".
Los pasos previos a la decisión de dar de baja a un terrorista están supervisados por asesores jurídicos militares independientes. Estos realizan una revisión legal y proporcionan condiciones y recomendaciones relativas a la acción. Precisa el comunicado del ejército israelí que durante la guerra, "los comandantes impusieron restricciones adicionales, modificaron algunas propuestas, las devolvieron para su posterior planificación o denegaron la aprobación debido a los efectos sobre la población". Lo hicieron "a veces durante la planificación y otras en tiempo real".
La muerte de 500 palestinos fue el titular que buscaron los autores de Naza. Una grave acusación sin pruebas que desmienten las FDI: "Jamás se planificó, aprobó ni llevó a cabo un ataque en Gaza en el que se previera la muerte de 500 civiles, ni una cifra cercana. Los cineastas destacaron esta acusación, incluso en el tráiler oficial de la película, a pesar de que no podían verificarla y carecían de pruebas para demostrarla". Para cada acción, el comandante que la autoriza debe evaluar individualmente si se espera que sea proporcional conforme al derecho internacional humanitario. Es decir, "si las muertes y lesiones a civiles previstas serían excesivas en relación con la ventaja militar concreta y directa que se anticipa". Decisión en la que interviene el asesor jurídico militar.
Llegados a este punto, ¿a quién creer? ¿A un ejército sometido al imperio de la ley en su lucha contra el terror yihadista? ¿O a unos titiriteros compañeros de viaje de Hamás? No hay duda: si los militares son judíos, pues a los titiriteros. Reconocidos tontos útiles.