El Gobierno cambia canon por subvenciones y pone en marcha la Ley Sinde

Dentro de las numerosas reformas dedicadas a El Consejo de Ministros ha aprobado la supresión del canon digital, que será sustituido por un "sistema de compensación de copia privada" que consistirá, según ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en subvenciones sacadas de nuestros impuestos, y cuyos criterios de fijación se harán públicos en un real decreto. Actualmente las entidades ingresas al año unos 120 millones de euros.

De este modo se cambia un sistema que ha recibido numerosas críticas por considerar que asumía que todos los compradores de almacenamiento de datos, ya fueran CD o discos duros, lo empleaban para copiar obras protegidas por derechos de autor, como música o películas. Sin embargo, el nuevo sistema castiga por igual a todos los españoles, aunque no tengan ningún aparato electrónico ni ninguna posibilidad de hacer copias de este material.

Es posible que el Gobierno haya optado por este sistema para que el titular de la supresión del canon oculte la otra medida que han adoptado en este ámbito, y que no es otra que aprobar el reglamento de la llamada Ley Sinde. El Consejo de Ministros ha anunciado que se formará la Comisión de Propiedad Intelectual prevista en la norma, cuya Sección Segunda será la encargada de señalar los sitios web que deberán ser cerrados, sin que ningún juez pueda decidir si realmente cometen algún delito.

De hecho, la medida tiene como objetivo evitar unos tribunales que de forma mayoritaria han concluido que dichos sitios web son completamente legales. La Ley Sinde introduce en el proceso de cierre dos momentos en los que se consulta a un juez, pero la decisión sobre si un sitio web debe ser cerrado sigue recayendo en última instancia en la Comisión de Propiedad Intelectual.

"Sólo se va a actuar, y siempre con la correspondiente protección judicial, contra quienes indebidamente se lucran de los derechos de propiedad intelectual de otros", ha advertido Soraya Sáenz de Santamaría. De este modo, asegura la vicepresidente, "España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería" y cumple sus "compromisos electorales e internacionales".