(4-6-03) El Consejo de Estado devuelve sin modificar el proyecto de Ley de Firma Electrónica
La tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Firma Electrónica es "inminente" una vez que el Consejo de Estado lo ha devuelto sin modificar a los departamentos implicados en su redacción, según fuentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril.
L D (EFE) Dado que el texto ya fue aprobado por el Consejo de Ministros, sólo queda el trámite de que los ministerios implicados (Administraciones Públicas, Economía, Interior y Justicia) le den el visto bueno para que se pueda iniciar su tramitación parlamentaria. Los citados departamentos recibieron el pasado lunes el texto, con lo que su entrada en el Congreso de los Diputados se efectuará "en el plazo más breve posible", según han explicado las fuentes.
Cuando se aprobó el anteproyecto en el Consejo de Ministros, el titular de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, explicó que la ley pretende generalizar las transacciones electrónicas entre los ciudadanos, las empresas y la Administración. El objetivo último es promover el uso de la firma electrónica –que tendrá exactamente la misma validez que la manuscrita– como instrumento para generar confianza en las comunicaciones telemáticas y para dinamizar la Administración y el comercio electrónicos, con lo que, a su vez, se potenciaría el desarrollo de la Sociedad de la Información. Piqué explicó que la norma recoge la experiencia y los avances logrados desde que entró en vigor el Real Decreto-Ley de Firma Electrónica de 1999, puesto que la firma electrónica ya está funcionando en algunos ámbitos de la economía, como, por ejemplo, en la entrega de la declaración de la renta a través de Internet.
Una de las novedades del texto que destacó el ministro fue el hecho de que también se reconozca la firma electrónica para las empresas, además de la de los particulares, lo que ayudará a que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer sus gestiones a través de Internet y obtengan los consiguientes ahorros de tiempo y dinero. Además, establece las bases para el desarrollo del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, que permitirá a los ciudadanos identificarse y firmar documentos en el ámbito virtual o telemático.
La ley introduce la denominación de "firma electrónica reconocida" para identificar con mayor claridad aquella que cumple los requisitos necesarios para ser considerada equivalente a la firma manuscrita; al tiempo que elimina la obligación establecida en un principio de que las empresas que presten servicios de certificación se inscriban en un registro oficial y tengan que estar autorizados previamente. También promueve la autorregulación de la industria, potencia los controles y sanciones sobre las entidades de certificación y reduce hasta tres millones de euros la garantía que tienen que presentar estas entidades para constituirse.
Según Piqué, el texto fue consultado con más de sesenta entidades y asociaciones implicadas y a la Agencia de Protección de Datos, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones, el Colegio de Registradores de la Propiedad y el Consejo General del Notariado. En su opinión, se ha "constatado un gran interés por esta iniciativa", que para el Gobierno resulta clave para lograr la consecución de una prioridades políticas: el desarrollo de la Sociedad de la Información en España.
Cuando se aprobó el anteproyecto en el Consejo de Ministros, el titular de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, explicó que la ley pretende generalizar las transacciones electrónicas entre los ciudadanos, las empresas y la Administración. El objetivo último es promover el uso de la firma electrónica –que tendrá exactamente la misma validez que la manuscrita– como instrumento para generar confianza en las comunicaciones telemáticas y para dinamizar la Administración y el comercio electrónicos, con lo que, a su vez, se potenciaría el desarrollo de la Sociedad de la Información. Piqué explicó que la norma recoge la experiencia y los avances logrados desde que entró en vigor el Real Decreto-Ley de Firma Electrónica de 1999, puesto que la firma electrónica ya está funcionando en algunos ámbitos de la economía, como, por ejemplo, en la entrega de la declaración de la renta a través de Internet.
Una de las novedades del texto que destacó el ministro fue el hecho de que también se reconozca la firma electrónica para las empresas, además de la de los particulares, lo que ayudará a que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer sus gestiones a través de Internet y obtengan los consiguientes ahorros de tiempo y dinero. Además, establece las bases para el desarrollo del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, que permitirá a los ciudadanos identificarse y firmar documentos en el ámbito virtual o telemático.
La ley introduce la denominación de "firma electrónica reconocida" para identificar con mayor claridad aquella que cumple los requisitos necesarios para ser considerada equivalente a la firma manuscrita; al tiempo que elimina la obligación establecida en un principio de que las empresas que presten servicios de certificación se inscriban en un registro oficial y tengan que estar autorizados previamente. También promueve la autorregulación de la industria, potencia los controles y sanciones sobre las entidades de certificación y reduce hasta tres millones de euros la garantía que tienen que presentar estas entidades para constituirse.
Según Piqué, el texto fue consultado con más de sesenta entidades y asociaciones implicadas y a la Agencia de Protección de Datos, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones, el Colegio de Registradores de la Propiedad y el Consejo General del Notariado. En su opinión, se ha "constatado un gran interés por esta iniciativa", que para el Gobierno resulta clave para lograr la consecución de una prioridades políticas: el desarrollo de la Sociedad de la Información en España.
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